ACCIONES LEGALES CONTRA EL R.D. DE ESTADO DE ALARMA

El próximo miércoles 15 de abril ya volverá a ser posible presentar escritos en los juzgados, por lo que estamos preparando un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus diferentes secuelas. Se hace este anuncio a todas las personas que deseen sumarse a la iniciativa.

Su objeto es la declaración de nulidad de todas esas disposiciones administrativas y, en la manera en la que ello sea posible, el reconocimiento de la obligación del Estado de abonar las indemnizaciones que procedan.

ASPECTOS ECONÓMICOS

. A diferencia de lo que sucede con una denuncia penal, que puede firmar y presentar cualquier ciudadano, no se procede así con un recurso contencioso administrativo, donde son preceptivas las firmas de abogado y procurador. Por esta razón la iniciativa tendrá coste conómico.

En el despacho estamos acostumbrados a trabajar con colectivos y se suele ofrecer un presupuesto con escala progresiva en el que cuanto mayor es el número de afectados que se suman a la iniciativa común, menor es la prorrata individual.

En todo caso, previamente al establecimiento de una primera aproximación a los honorarios, es imprescindible tener una idea, al menos estimativa, del número de recurrentes.

La idea es que la prorrata individual sea una cantidad asumible por cualquier economía.

ADVERTENCIA SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS

Desde hace unos años se ha implantado la condena en costas en el procedimiento contencioso administrativo. Esto antes no era así pero en España cada reforma legislativa sólo sirve para recortar derechos y empeorar la situación de los ciudadanos.

La implantación de la condena en costas implica que la parte cuyas pretensiones son totalmente desestimadas es condenada a pagar las costas procesales de la otra.

Las costas procesales están integradas por los honorarios de los profesionales que intervienen en el procedimiento: Abogado, procurador y eventualmente peritos. Una posible condena en costas en este caso sólo comprendería los honorarios del Abogado del Estado, puesto que éste no necesita procurador y no se espera que sea necesario ningún perito.

Es habitual que en sentencia el tribunal fije los honorarios máximos del Abogado del Estado cuando aplica condena en costas.

El importe de la condena en costas se determina en función de la cuantía del procedimiento. En nuestro caso la cuantía es indeterminada, por lo que el abogado del Estado no puede reclamar grandes importes. Cosa distinta son los honorarios que libremente se acuerden entre Abogado y cliente, que nada tiene que ver con la condena en costas.

En el caso de estimación parcial del recurso, las costas se declaran de oficio. Esto significa que cada parte abona las suyas.

No se prevé un procedimiento complejo y lo más probable es que se pueda prescindir de la fase de prueba y por lo tanto también de la de conclusiones, puesto que la discusión recaerá exclusivamente sobre interpretación del derecho.

Estas observaciones no se hacen porque partamos de una base pesimista en cuanto a las posibilidades de éxito, sino para que antes de decidir manejéis toda la información que necesitáis tener en cuenta.

De hecho, los fundamentos jurídicos del recurso son sólidos y es razonable confiar en que salga adelante si el Tribunal Supremo se atiene únicamente a ellos y decide no tener en cuenta otras consideraciones de índole política.

CÓMO PROCEDER

Todos aquéllos que quieran sumarse a la iniciativa por favor que nos lo hagan saber utilizando el formulario de contacto. Deberán acudir al notario y hacer un poder para pleitos a favor de los profesionales que les serán comunicados, o hacer lo que se llama una comparecencia apud acta ante el tribunal. No sabemos qué restricciones de movimientos pueden actualmente impedir una cosa o la otra. Caso de que aún no fuera posible, habría que esperar.

CUÁNDO

A diferencia de lo que sucede con el proceso penal o el civil, que se inician respectivamente mediante querella o demanda (escritos razonaros y fundados en derecho), el recurso contencioso administrativo comienza con un simple anuncio en el que notifícamos al Tribunal nuestra intención de impugnar el Real Decreto. A continuación se reclama el expediente administrativo y sólo entonces se formaliza la demanda.

Sin perjuicio de toda la fundamentación jurídica de la demanda está ya preparada, este mecanismo nos permite presentar el recurso sin mayor dilación.

Esperamos vuestras noticias.

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ANULACIÓN DE CONVOCATORIA

Lo primero que tenéis que saber es que el Tribunal Constitucional no es un tribunal, sino un órgano administrativo colegiado al que se le asigna el nombre de tribunal como sucede con el Tribunal Marítimo Central, que está en el Cuartel General de la Armada, el Tribunal de Cuentas, perteneciente supongo que al ministerio de Hacienda, el Tribunal de la Competencia, dependiente del Ministerio de Comercio, o el Tribunal Económico Administrativo, que también pertenece a Hacienda.

Por tanto, no está integrado en el sistema judicial español, pero además se trata en el fondo de un órgano político cuya composición es una maqueta a escala de la composición del Congreso, lo mismo que sucede con el Consejo General del Poder Judicial.

Muchas veces he dicho que el Tribunal Constitucional no es ni tribunal (pues carece de ese carácter), ni constitucional (porque he sido testigo de la forma en la que ha forzado la Constitución hasta límites ridículos sólo para satisfacer los deseos de los partidos políticos que lo controlan todo.

La interpretación que hace en esta ocasión el Tribunal Constitucional de la naturaleza jurídica del RD de alarma es más que discutible, pero ni quiera es su aportación más penosa a la interpretación del derecho. He visto desde luego otras incluso peores.

No obstante, las consecuencias materiales de este tratamiento que hace del RD de alarma tiene como gravísima consecuencia que la responsabilidad (económica) del Estado por funcionamiento anormal de los servicios públicos se reduce a cero. Es imposible saber, porque la sentencia de estas buenas personas no lo dice, si ya que por obra y gracia de lo que a ellos les da la gana una disposición general de la Administración se transforma en un acto legislativo (es decir en una ley) es o no posible dirigir contra ese acto legislativo un recurso de inconstitucionalidad. Pero da igual: El recurso de inconstitucionalidad no lo podemos interponer los ciudadanos. Sólo las más altas instituciones del Estado. El Presidente del gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y no sé qué más, ni me importa.

Ellos nunca lo harán. Los políticos son nuestros enemigos. Una vez escribí un artículo llamado Ejército de Ocupación, donde denunciaba que todos ellos están aquí al servicio del NWO con el encargo de garantizar que nada cambie en la vida pública. Es decir que nada mejore para los ciudadanos, y por supuesto que los de arriba sigan haciendo inmejorables negocios y ganando todo el dinero posible.

Dije al principio de la entrada que estaba muy seguro de la nulidad del RD de alarma. Si nuestros enemigos los políticos no hubieran fabricado una estructura del Estado que les garantizase la total impunidad, a esta hora estaríamos frotándonos las manos porque el Tribunal Supremo estaría en vísperas (🙄) de ponerle las peras a cuarto al gobierno y los ciudadanos de prevalecer frente a la tiranía. Pero el gobierno se va de rositas sólo porque el Tribunal Constitucional (también el politizado Tribunal Supremo) imponen su criterio de que una disposición general de la Administración no es una disposición general de la Administración.

Desde luego los jefes de la oposición se han lucido. Cuando Casado anunció que apoyaría la prórroga únicamente pretendía tener sentido de Estado, supongo. Pero ese gesto, en la interpretación del dichoso Tribunal Constitucional, tuvo la penosa consecuencia de dejar pasando la mano por la pared a los propietarios de miles de establecimientos obligados al cierre quizá sin razón.