QUERELLA X

ACTUALIZACIÓN 23.11.20

A LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

LUIS FERNANDO GRANADOS BRAVO, Procurador de los tribunales, en nombre y representación

de XXXX y otros,  comparezco y DIGO:

PRIMERO.— La presente querella se presentó en 21.07.

SEGUNDO.— Con fecha 23.07.20 se dicta diligencia dejando constancia de su recepción y dando cuenta a la Sala.

TERCERO.— Desde esa fecha no se ha producido ninguna novedad ni la Sala ha dictado resolución respecto a la admisión a trámite.

CUARTO.— La querella se formula, entre otras razones, por considerar constitutivos de delito  el confinamiento del mes de marzo, la negativa de los comités de ética  de varios hospitales a salvar vidas mediante la ozonoterapia y la actitud de Don Fernando Simón de omitir todo consejo a la población sobre procedimientos de autodefensa contra el COVID 19 mediante el fortalecimiento del sistema inmune.

En cuanto a lo primero, como sabe la Sala en tiempos recientes el gobierno ha dictado un nuevo decreto de alarma y las CCAA se han creído  (erróneamente) con autoridad para dictar sus propios confinamientos, lo que podría incurrir presuntamente en nuevos delitos. Esta parte cree que si  previamente la querella se hubiera admitido a trámite y hubiese comenzado la instrucción, es posible que estos  nuevos hechos presuntamente delictivos no se hubieran producido. Se desea trasladar con esto a la Sala que la dilación en dictar una resolución sobre admisión a trámite pudiera estar propiciando en forma indirecta la comisión de nuevos presuntos delitos.

En cuanto a lo segundo, parece obvio que la dilación puede estar provocando i directamente muertes que se podrían haber evitado en caso de que los comités de ética vieran que su incomprensible actitud puede ser delictiva, en cuyo caso podrían y deberían corregirla permitiendo así que muchas vidas se salvaran.

En cuanto a lo tercero,la dilación puede estar provocando indirectamente nuevos  contagios que probablemente no se producirían o de producirse darían lugar sólo a síntomas leves en el caso de que la querella se hubiese admitido a trámite y el querellado señor Simón hubiera sido citado a declarar, lo que racionalmente debería haberle impulsado a cambiar de actitud y a proporcionar a la población recomendaciones verdaderamente eficaces.

QUINTO.— Esta parte entiende que la sobrecarga de trabajo que seguramente pesa sobre la Sala, así como el obligado rigor y prudencia que debe revestir la resolución sobre admisión a trámite son razones que objetivamente pueden justificar cierta  demora. No obstante, se señala respetuosamente el derecho constitucional a un procedimiento sin dilaciones  indebidas, recogido en el artículo 24.2 de la Constitución, y se dignifica  que la  actual situación resulta particularmente frustrante ya que a) esta  parte no puede interponer recurso alguno ante la simple ausencia de una resolución y b) pudiera apreciarse nexo de causalidad entre la omisión de una decisión sobre admisión a trámite y la ocurrencia de nuevos presuntos delitos, nuevas muertes y nuevos contagios.

En su virtud,

SOLICITO A LA SALA: Que se remuevan los obstáculos que hasta la fecha han impedido una decisión sobre admisión a trámite de la presente querella.

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ACTUALIZACUÓN 14.08.20

La querella X se presentó gracias a una aportación individual muy importante y tiene número de registro. Todos los que aparecen como querellantes deben acudir al juzgado más cercano a su domicilio y hacer una comparecencia apud acta para otorgar poder de representación a favor de Procurador y designar abogado. Deberán llevar copia de esta diligencia para que conste el número del procedimiento.

Esto se hace para no tener que dejarse 40€ o más en el notario con un poder especial.

Los interesados recibirán instrucciones concretas del despacho.

ACTUALIZACIÓN 10.07.20

  1. La puesta en marcha de la querella X ha sido un fracaso porque la campaña para su financiación no ha funcionado a pesar de lo que digo en el video.
  2. La mejor medicina contra el nuevo confinamiento que ya se anuncia es presentar la querella, cuyo tema principal es el confinamiento derivado del RD de alarma. Si se hubiera presentado en su momento, ya los estarían llamando a declarar y los de arriba se cortarían y posiblemente no lo harían por segunda vez. Esto es como tener pólvora de buena calidad para los cañones y en vez de usarla dejar que nos pisen en cuello.
  3. Una querella lleva por obligación legal abogado y procurador, y por necesidad material frecuentes desplazamientos a Madrid durante la fase de instrucción. Quien quiera colaborar a la financiación por favor que ingrese lo que pueda y quiera aquí: ES3320386111316000151096. Titular José Ortega Ortega. Por favor indicad en el concepto QUERELLA X.
  4. Se remitirá a los colaboradores correo electrónico con el presupuesto y el texto de la querella.

OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES

La querella X se dirige contra todos los miembros del gobierno y contra Don Fernando Simon por presuntos delitos asociados al RD de estado de alarma, censura de prensa, espionaje de la disidencia, donaciones a Bill Gates, cese del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, merma de los fondos asignados a la Unidad contra el Crimen Organizado de la guardia civil (UCO), destitución del coronel jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la guardia civil y posible omisión del deber de socorro en el caso del doctor Simon.

Esta iniciativa tiene por finalidad el activismo cívico y constructivo y dar una respuesta colectiva adecuada a la actual situación de violación continuada de derechos fundamentales.

Se ha adoptado previo encargo de dos clientes del despacho que sin embargo consideran que se trata de un problema que afecta a todos y por tanto la iniciativa debe ser soportada y apoyada si no por todos al menos por muchos.

Esos dos clientes del despacho se están encargando de divulgar la iniciativa con el propósito de conseguir que se sume a ella el mayor número posible de ciudadanos.

Con independencia de ello, quien desee unirse que por favor escriba al apartado de contacto proporcionando nombre y dos apellidos e indicando su intención de sumarse a la querella X (y, en su caso, a cualquier otra iniciativa legal).

Los clientes recibirán presupuesto por parte del despacho y se ocuparán también de trasladarlo a los interesados.

TEXTO DE LA QUERELLA X

Son querellados: Don Pedro Sánchez Castejón, Doña María del Carmen Calvo Poyato, Don Pablo Iglesias Turrión, Doña Nadia Calviño Santamaría, Doña Teresa Ribera Rodríguez, Doña María Aránzazu González Lay,  Don Juan Carlos Campo Moreno, Doña Margarita Robles Fernández, Doña María Jesús Montero Cuadrado, Don Fernando Grande-Marlaska Gómez, Don José Luis Ábalos Meco, Doña Isabel Celaá Diéguez, Doña Yolanda Díaz Pérez Doña Reyes Maroto Illera, Don Luis Planas Puchades, Doña Carolina Darias San Sebastián, Don José Manuel Rodríguez Uribes, Don Salvador Illa Roca, Don Pedro Francisco Duque Duque, Doña , rene Montero Gil, Don Alberto Garzón Espinosa,Don José Luis Escrivá Belmonte, Don Manuel Castells Oliván y Don Fernando Simón Soria.

Todos los querellados a excepción del Sr. Simón Soria son ministros del gobierno y pueden ser citados en sus respectivos ministerios. D. Fernando Simón es  director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

RELATO DE HECHOS

PRIMERO.— Los querellados, constituidos en Consejo de Ministros,  dictaron  el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Su artículo 7 se intitula “Limitación” de la libertad de circulación de las personas y su apartado primero reza de la siguiente manera:

“Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.

2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

El Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, amplía las limitaciones y prohibiciones a la libre circulación. 

Su artículo único contiene las siguientes prescripciones:

Uno. Se modifican el primer inciso y la letra h) del artículo 7.1, con la redacción siguiente:

«1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada».

«h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.»”.

Esto significa que durante la vigencia de esa regulación los ciudadanos no podíamos:

—Caminar  por la calle en compañía de un amigo o familiar, ya sea a pie o en coche. 

—Circular por la vía pública solitariamente por cualquier razón no contemplada en la norma, incluyendo el simple placer de caminar.

—Hacer deporte en un parque, ni siquiera individualmente.

—pasear  por la playa, ni siquiera individualmente.

—Circular en coche por carretera con ningún destino.

  No obstante, lo que el texto pretende que son “limitaciones” constituye en realidad una suspensión efectiva del derecho de libre circulación, que como se sabe es un derecho fundamental de la persona recogido no sólo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sino también y muy principalmente en la Constitución española.

Artículo 19 de la Constitución:

“Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”.

  Artículo 2.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos:

1. Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular libremente por él y a elegir libremente su residencia. 

Artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia”. 

El gobierno, al dictar el Real Decreto,  pretende haber aplicado los artículos 4 y ss.  de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, cuyo artículo 11 impone lo siguiente:

 “Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes: 

  1. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

    (…)

Pero como vemos  lo que hace el Real Decreto no es limitar, sino prohibir la libre circulación de los ciudadanos, lo que supone de facto la suspensión del artículo 19 de la Constitución. La efectiva suspensión de este artículo viene recogida como posible medida en la regulación del estado de excepción que hace el mismo cuerpo legal en su artículo veinte apartado primero:

Cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión del artículo diecinueve de la Constitución, la autoridad gubernativa podrá prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine, y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro que acrediten su identidad, señalándoles el itinerario a seguir.

La ley se expresa en estos términos al regular el estado de excepción porque el artículo 55.1 de la Constitución española establece que “los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución”.

Es importante tener en cuenta que según el diario La vanguardia, a fecha 25.05.20 se han producido en España más de un millón de  denuncias y 8.418 los detenidos detenidos por circular por las vías públicas, lo que proporciona una idea del alcance de la medida en relación a la lesión  del derecho de libre circulación y sus graves consecuencias en materia de derechos individuales.

https://www.lavanguardia.com/politica/20200520/481300555336/millon-sanciones-violar-medidas-estado-de-alarma-espana.html

En orden a valorar la acusación contenida en la presente querella   conviene deslindar la “limitación” de libre circulación que pretende imponer el Real Decreto y  la  total eliminación de facto del artículo  19 de la Constitución implícita en la  medida.

Recordemos que la libertad de circulación es una simple consecuencia del libre albedrío. Puede enunciarse  este principio como voy a tal sitio porque quiero, me apetece o me gusta. Es decir que se trata de una expresión de la autonomía de la voluntad  y de la soberanía individual.  Pues bien: Ninguna de las excepciones a la autodenominada “limitación “ a  la libre circulación de las contenidas en el artículo 7 del Real Decreto de estado de alarma tiene lo más mínimo que ver  con la autonomía de la voluntad  o con la libertad individual que recogen el artículo 21.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y desde luego  el artículo 19 de la Constitución. Tanto la obligación de asistir al centro de trabajo como la necesidad de comprar comida, productos farmacéuticos  o  de higiene, sacar dinero del banco y otras análogas  que se citan   son actividades necesarias y  por tanto perfectamente desvinculadas de la voluntad individual o las apetencias personales que están en el núcleo del concepto libertad.

A fin de acomodarse a las condiciones que la ley permite imponer a los ciudadanos en un estado de alarma, el Real Decreto podría y debería haber aplicado medidas que se quedaran en la limitación de la libertad de movimientos sin necesidad de  suspender de facto e ilegítimamente un derecho fundamental de la persona que constituye una de las bases de la democracia. Limitación, y no suspensión del derecho de libre circulación.

Examinemos el tenor literal de la ley para profundizar en el concepto y las posibilidades concretas del concepto ”limitación”:

“Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas …”

Por ejemplo a partir de las diez de la noche, puesto que lo habitual es que a esa hora todo el mundo esté en su casa. Esto dejaría libre toda la franja horaria en la que hay luz solar, lo que permitiría que los ciudadanos recibieran la dosis de insolación necesaria para generar vitamina D y melatonina (el antioxidante más potente que existe en la naturaleza. Sin insolación su liberación por la glándula pineal se empobrece u obstruye) y hacer ejercicio físico, lo que fortalece el sistema inmunológico, es decir que hace a la población más resistente al contagio o al menos al desarrollo de un cuadro patológico.

y lugares determinados

Por ejemplo mercados de abastos, grandes almacenes, grandes superficies, estadios deportivos y otros espacios susceptibles de albergar altas concetraciones de personas.

o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

Por ejemplo el mantenimiento de la distancia social para deambulación de más de una persona.

Pero el Real Decreto lo prohibe todo, incluso acciones que aparentemente no pueden o no deberían producir contagio como pasear individualmente por la calle, la playa o por un camino, hacer deporte en un parque, circular por carretera o correr por el campo.  Esto no es conforme con el artículo 1.2 de la ley orgánica de estados de alarma, excepción y sitio, cuando establece que “las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias”.

Por lo demás y al margen de las consideraciones legales, el encierro prolongado, con el cual no sólo se dificulta la insolación y se restringe el ejercicio físico sino que  se ha generado la comprensible ansiedad por supresión radical de toda relación social con contacto físico (puesto que los humanos del género homo sapiens sapiens, como todos los póngidos, somos animales esencialmente sociales) ha contribuido a deprimir el sistema inmunitario de la población, que es justamente lo contrario de lo que se necesita para hacer frente a cualquier enfermedad, incluido el cuadro patológico derivado del virus, y que es algo que constituye por sí mismo una  violación del derecho fundamental a la integridad física y moral recogido en el artículo 15 de la Constitución. Puede afirmarse que el Real Decreto se convirtió en una herramienta para lesionar la integridad física de los ciudadanos (por lo que se ha expuesto en cuanto a vitamina D, melatonina, insolación y ejercicio) sino también de su integridad moral al privarnos de nuestra necesidad psicológica y emocional de interacción social.

La medida admitida por la ley, es decir la mera limitación (no supresión) del derecho de libre circulación,  se corresponde  con el carácter excepcional de las situaciones reguladas por la la misma  y resulta ser todo lo contrario de lo que hicieron los querellados mediante su Real Decreto.

Con independencia de lo expuesto, es preciso tener en cuenta las circunstancias de partida que dan licencia al Estado para la  implantación de los estados de alarma y excepción. 

Son las siguientes:

Artículo cuarto de la ley orgánica, referido al estado de alarma:

“El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad.

  1. Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”.

(…) 

Artículo decimotercero, referido al estado de excepción:

“Uno. Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado tres del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción.

La comparación de los dos preceptos transcritos lleva a la conclusión de que una epidemia  es razón legal  para la declaración del estado de alarma pero no lo es para la declaración de estado de excepción y desde luego mucho menos para vaciar de contenido el artículo 19 de la Constitución, de donde la conclusión de todo lo abundantemente expuesto es que el Real Decreto debería haberse ajustado a la mera limitación del derecho de libre circulación sin poder llegar a su total supresión.  Esto es así por una razón muy simple: El legislador, en su momento, ya impuso la presunción iuris et de iure de que ninguna epidemia requiere la suspensión del artículo 19 de la Constitución, y este imperativo legal no es algo que pueda soslayar el ejecutivo, en este caso los querellados, en especial (aunque es innecesaria la cita) si consideramos el artículo 9.1 de la Constitución cuando impone que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. 

SEGUNDO.— Es público y notorio que los querellados han impulsado y dado instrucciones a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para espiar a los ciudadanos que sostienen opiniones contrarias a las del gobierno (es decir, los propios querellados) respecto a la gestión de la crisis.

El diario punto es publica un reportaje que contiene el siguiente tenor literal:

La Comisaría General de Información de la Policía sigue en los últimos días con atención distintas iniciativas aparecidas en la red de mensajería Telegram que llaman a protestar contra el Gobierno saltándose el confinamiento que establece el estado de alarma. Se trata de canales y grupos a los que puede acceder cualquier usuario del sistema de mensajería en los que se propone desde caceroladas, a vestir camisetas negras y no aplaudir a las ocho de la tarde o hacer sonar ‘Libre’ de Nino Bravo en lugar de ‘Resistiré’ del Dúo Dinámico”.

https://www.eldiario.es/politica/anticonfinamiento-Telegram-Nino-Bravo-Policia_0_1021898712.html

Es legítimo preguntarse si la expresión “sigue en estos días con atención” a los  grupos de Telegram implica una violación del secreto de las comunicaciones mediante la introducción de agentes infiltrados en dichos grupos con la finalidad de conocer sus consignas, actividades e intenciones. Desde luego es la única forma de entender la expresión “seguir de cerca”. El problema es que las comunicaciones privadas son secretas e inviolables y que dicho secreto e inviolabilidad están amparados y garantizados por por la Constitución, en su artículo 18.3, teniendo el uno y la otra  carácter de derecho fundamental de la persona. 

Parecida consideración merecen las manifestaciones del entonces Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, el general Santiago,  según las cuáles este cuerpo estaba dedicándose a emplear sus especialistas a la doble  tarea de a) “combatir el estrés social producido por los bulos” y b) “minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno”.

Al respecto deben hacerse las siguientes observaciones:

—En primer lugar es preciso reconocer que en nuestro país se está librando una guerra psicológica, y el campo de batalla donde tiene lugar esa guerra es el de la información, pudiendo afirmarse que nos encontramos ante un conflicto por la apropiación del relato. En este contexto existen  razones objetivas para dudar de que el relato del gobierno, al que también pudiéramos llamar la verdad oficial, sea el auténtico. Más bien todo lo contrario. Concurren abundantes razones para dudar de él, entre otras cosas  si evocamos la irresponsabilidad con la que los querellados  jalearon  la convocatoria del 8M y sus paralelas consecuencias en el disparo de los contagios,  la ausencia de toda autocrítica en relación con ello o  el más que probable falseamiento de las cifras de fallecidos.

Por tanto, habría que preguntarse si los bulos que tanto ofenden a los querellados y que tanto se esfuerzan por enmendar  no serán los que están  circulando entre los ciudadanos,  sino más  bien los que provienen del mismo gobierno, siendo esto último lo más probable.

Por otro lado, se comprenderá que ni el general jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil ni los especialistas a los que se refiere son psiquiatras, psicólogos, terapeutas  o asistentes sociales entre cuyas funciones pudiera contarse  la de reparar o aliviar el estrés social. En todo caso, quienes puedan padecer ese estrés social derivado de posibles bulos se supone que son personas adultas y dueñas de su destino y opiniones  que por tanto pueden decidir aliviarlo o no, y en caso afirmativo también les cabe decidir si debe ser el Jefe de Estado Mayor de la guardia civil el que se encargue de ello, o si más bien prefieren ponerse en manos de un profesional de la salud.

En cuanto al empleo de los “especialistas” en la tarea de minimizar el  clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno, ello supone ni más ni menos que una interferencia en la sagrada libertad que asiste a cada ciudadano para opinar , creer, pensar y sentir lo que le venga en gana.

La libertad de pensamiento y de opinión pudiera parecer algo obvio y quizá por ello no viene recogido de forma explícita en la Constitución, aunque sí se encuentra implícitamente en sus artículos 16, apartados 1 y 2, y 17.1, debiendo entenderse que la libertad de movimientos a que alude esta última norma no es sino la manifestación externa  de la libertad individual de pensamientos o creencias, que es algo totalmente indiscutible que a ningún cuerdo se le ocurriría poner en tela de juicio. 

Pues bien la intención de los querellados, instrumentalizando para ello al entonces general  Jefe de Estado Mayor de la guardia civil y todos los medios materiales y humanos del instituto armado, implica una operación de policía del pensamiento orientada a imponer a los ciudadanos los contenidos que han de tener por ciertos y las creencias que deben profesar en relación con la crisis, resultando tan obvia como rechazable la agresión al derecho fundamental más indiscutible  de todos, que no es otro más que el que asiste a cada ser humano para  pensar y creer lo que le venga en gana.

De forma paralela, el  querellado Don Pedro Sánchez Castejón se ha distinguido en particular por un ataque  sin precedentes  a la libertad de prensa, siendo pública y notoria la peculiar forma en la que ha estado dando sus más que frecuentes ruedas de prensa durante la crisis. Sabido es que con la excusa de prevenir el contagio, esas ruedas de prensa tenían lugar sin periodistas en la sala. Quienes desearan formular preguntas al presidente debían hacerlo por whatsapp mediante comunicación a un grupo restringido. Como es imaginable, estas preguntas eran previamente filtradas, de forma que quedaba suprimida en origen  cualquiera que al interesado pudiera parecerle molesta o inadecuada, algo  que nunca sucedería en una rueda de prensa normal. Por supuesto que tan deficiente mecanismo inhabilita de raíz las posibles repreguntas, que suelen ser el modo idóneo de profundizar en las diversas cuestiones. 

 Parece elemental que si el propio Consejo  de Ministros, las comisiones del Congreso y el pleno de este último pueden celebrar, como han podido, sesiones presenciales guardando la distancia de seguridad, lo mismo podría haberse hecho con las ruedas de prensa, de donde concluimos que el modo elegido por el querellado Sánchez Castejón para celebrar estos actos nada tenía que ver con ruedas de prensa. Esas  comparecencias  no eran más que fórmulas de propaganda política que permitía al querellado Sánchez Castejón colocar el relato oficial mediante lo que guardaba gran parecido con un monólogo.

Por supuesto que aunque la excusa oficial para tan atrabilaria forma de hacer las cosas es la posibilidad de contagio, la realidad es el querellado Sánchez Castejón no deseaba exponerse a preguntas incómodas, como por ejemplo las relativas al fomento por parte suya y de su partido de la manifestación del 8M pese a las advertencias de las autoridades médicas internacionales.

El medio Moncloa punto com publica al respecto un reportaje bajo el título “Las polémicas señales de la censura que ha impuesto el Gobierno” 

El reportaje dice: 

Las consecuencias por la pandemia de coronavirusvan mucho más allá de un tema sanitario. Tras la cuarentena decretada y revalidada varias veces en el estado de alarma, el gobierno tiene que gestionar el sinfín de circunstancias novedosas que se están dando en esta situación. Una de ellas, la que tiene que ver con la libertad de expresión y la comunicación de la crisis, es la que más críticas está generando. Son muchas las voces que están criticando al gobierno de censura y de manipulación de los datos y la información relativa al Covid-19.

Más de trescientos periodistas de distintos medios de comunicación, firmaron el pasado 30 de marzo un manifiesto contra el Gobierno que denunciaba la dificultad para ejercer libremente las funciones periodísticas por los filtros impuestos por el Secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Este hecho, avivó más la distancia entre el Gobierno y los periodistas, pues al día siguiente de hacerse público el documento, ninguna de las preguntas que éstos le hicieron a Pedro Sánchez o a sus Ministros pasó el filtro de Oliver. De hecho, muchos de los principales periódicos del país rechazaron participar en las ruedas de prensa hasta que no se corrigiera esta circunstancia. Parece que en la actualidad, ambas partes han acercado posturas, y los medios de comunicación trabajan con ciertas garantías”.

Los pasajes en negrita pertenecen a la publicación original, que se ha respetado.

Se ha producido con esto una doble lesión de los derechos fundamentales de la persona garantizados por el artículo  20.1.d) de la Constitución (derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión). En primer lugar, ha sido suprimido  el derecho de la prensa  a comunicar libremente información veraz mediante el artificio al que nos acabamos de referir  En segundo lugar, ha sido paralelamente suprimido  el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz debido a lo anterior y también  debido al sesgo interesado y poco  veraz de todos los medios de comunicación, especialmente (pero no exclusivamente) los públicos, cuestión sobre la que se abundará en la fase de instrucción y que podríamos definir como la imposición de la verdad oficial. Entre estos ataques a la independencia de los medios de comunicación y por lo tanto a la libertad de prensa se cuenta la famosa donación del querellado Sánchez Castejón a las televisiones privadas por valor de quince millones de euros. Por esta vía consiguió la extraña unanimidad informativa que hemos sufrido los ciudadanos, consistente en la adhesión incondicional de todas las televisiones (públicas y privadas) al relato del gobierno y a la verdad oficial, que sabido es ya que tiene mucho de mentira.

https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2020/04/01/el-gobierno-aprueba-ayudas-de-15-millones-a-las-televisiones/

Entre otras cosas, todo lo que podíamos ver los ciudadanos con aquellos momentos en los informativos de cualquier televisión eran imágenes que pretendían transmitir miedo de forma muy intencional y que tiene mucho de artificioso. Se sucedían grabaciones de hospitales desbordados y féretros amontonados por docenas para infundir pánico (un pánico que deprime el sistema inmunológico y torna a la población más susceptible al contagio), pero no de decía que muchos de esos muertos se confundían con los de la gripe estacional. Puede que muchos o todos (da igual) hubieran dado positivo en un test rápido, pero eso no implica que la muerte se hubiera producido como consecuencia de ese positivo. En aquellas fechas se habló mucho de la diferencia existente entre muertos por coronavirus y muertos con coronavirus.

En todo caso, ya todo el mundo sabe que los test rápidos están dando hasta un 80% de falsos positivos, por lo que los querellados podrían haber empleado el monopolio del discurso público mediante la compra de las voluntades de las televisiones privadas con el objeto de alterar la estadística, pero no para que pareciera que había menos fallecidos por coronavirus que los reales, como pretenden alguno, sino para todo lo contrario. El propósito de los querellados sería generar pánico en la población de forma intencionada con el fin de predisponerla a la sumisión y sobre todo prepararla para no ya aceptar voluntariamente sino pedir por favor que les pinchen esa futura vacuna contra el coronavirus de la que tanto se habla.

TERCERO.— En fechas que se desconocen, pero en plena crisis de Covid 19,  el querellado Sánchez Castejón, al parecer por propia iniciativa y sin contar con gobierno, Parlamento, Tribunal de Cuentas o cualquier otra institución del Estado u órgano de control,   donó con cargo , con  cargo a los presupuestos generales del Estado, 125 millones de euros a la fundación Bill y Melinda Gates.

Encontrado en google:

La polémica fundación del multimillonario Bill Gates a la que Pedro Sánchez ha inyectado 125 millones de euros.

Phttps://www.libremercado.com/2020-05-16/estado-alarma-coronavirus-polemica-fundacion-bill-gates-sanchez-inyecta-124-millones-1276657794/

Habida cuenta de que el querellado Sánchez Castejón no con esta iniciativa ni estaba ejecutando unos decisión del consejo de ministros ni tampoco la había consultado con nadie, como se dice,  parece que se trata de un gesto de generosidad estrictamente individual que obedece a la simpatía personal que supuestamente el querellado profesa a Don Bill y Doña Melinda. Esto se desprende de lo que el querellado publicó en su cuenta de twiter:

“He mantenido una interesante conversación con @melindagates sobre la lucha contra el #COVID19 y cómo unir todos los esfuerzos internacionales, públicos y privados, en la búsqueda de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas accesibles a todos. #UnitedAgainstCoronavirus

4.192

23:28 – 4 may. 2020

El reportaje  de libremercado dice así:

Mientras España se encuentra sumida en la peor crisis económica y sanitaria vivida (impago de ERTE, aumento de parados, derroche de millones de euros en compra de material sanitario defectuoso y bancos de alimentos desbordados… ), el presidente del Gobierno decide regar con 125 millones a la Fundación de Bill y Melinda Gates, que cuenta ya en su haber con un fondo de 46.800 millones de dólares procedentes de organizaciones benéficas y entidades privadas”. 

Además, la fortuna personal de Gates asciende a 106.000 millones de dólares”.

Encontrado en google:

Melinda Gates agradece al Gobierno los 125 millones a la conferencia de donantes”.

“La filántropa y empresaria estadounidense Melinda Gates ha agradecido esta tarde, en una llamada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la contribución de 125 millones de euros de España a la conferencia de donantes organizada por la Unión Europea para luchar contra el coronavirus”.

Entretanto, una España al borde de la bancarrota se ve abocada a un rescate:

Algunas informaciones y reportajes recogidos por los medios de comunicación sobre los malos momentos económicos que se avecinan son los siguientes:

“Europa concede un “rescate light” a España que limita por completo al Gobierno

“Alemania y Francia han presentado un plan de reactivación económica que, por resumirlo en pocas palabras, ni mutualiza la deuda ni se limita a dar créditos reembolsables a países que no los podrían pagar. El dinero es el mismo que se dijo desde el primer momento: 500.000 millones de euros.

Pero la fórmula es una novedad pactada por Merkel y Macron: los afectados recibirán el dinero que necesiten desde los propios presupuestos europeos, que serán los responsables de los fondos sin a garantía personal del Estad receptor.

Es decir, lo que España pida, no tendrá que devolverlo de manera directa. Pero cuidado, que no es un regalo, como probablemente quiera vender ahora el Gobierno. Por tres razones poderosas: la primera, porque aún tienen que aprobarlo los 27. La segunda, que ese presupuesto que soportará los fondos de reactivación se elabora con las aportaciones de cada uno de los Estados. Y España tendrá por tanto que poner su parte, con arreglo a su tamaño y posición.

Y la tercera, porque no es incondicional: se vinculará la financiación de los damnificados a la creación de un espacio común con reglas similares y reformas. Es una intervención “suave”, un rescate con otro nombre y una buena fórmula para conjugar el auxilio con la cohesión”.

https://www.esdiario.com/536942959/Europa-concede-un-rescate-light-a-Espana-que-limita-por-completo-al-Gobierno.html

España más cerca de pedir el rescate: No hay dinero en Disneylandia”

“El hundimiento ya es oficial y aboca a España al rescate y a una nueva era de ajustes”

https://www.elmundo.es/economia/2020/05/01/5eabef97fc6c8394248b464d.html

“El Gobierno prevé una recesión del 9,2% y un aumento del paro al 19% que no se recuperarán en 2021”

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/05/01/5eabd5dc21efa0d6598b45f8.html

“La crisis del coronavirus tendrá también graves consecuencias en la deuda y el déficit: la desviación llegará a las dos cifras, hasta el 10,3%, mientras que la deuda se disparará al 115,5% del PIB”

El plan presupuestario que el Gobierno remitió anoche a Bruselas recoge una debacle económica como consecuencia de la crisis que ha desatado el coronavirus: según sus estimaciones, el Producto Interior Bruto (PIB) se desplomará un 9,2% este año, mientras que la tasa de paro se disparará del 14% al 19%.

“Las cifras no alcanzan los peores escenarios dibujados por el Banco de Espaсa pero sí están en los niveles intermedios adelantados por el organismo, van más allá de la estimación que hizo el FondoMonetario Internacional (FMI) y, en todo caso, dejarán la peor recesión de la historia moderna de la economía española. Y además, el Gobierno sostiene ahora que la recuperación será en V asimétrica, esto es, que en 2021 no se recuperará todo lo perdido. Así, la estimación del Ejecutivo es que el próximo año el rebote sea del 6,8% y que el empleo retrocederá al 17,2%.”

Como podemos comprobar, el querellado eligió ser generoso y mostrarse amable con sus amigos haciendo uso ilegítimo del dinero de todos justo cuando  España está iniciando el declive económico más grave de su historia reciente.

No contento con eso, el querellado Sánchez Castejón volvió a dar a sus amigos otros cincuenta millones de euros de dinero público:

Sánchez reitera su anuncio de 50 millones para la Alianza de Vacunas GAVI

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este jueves el compromiso de España con la Alianza para las Vacunas (GAVI) y ha reiterado su anuncio de contribuir con 50 millones de euros a esta iniciativa con el fin de ayudar a vacunar a 300 millones de niños en los próximos cinco años. La aportación ya la anunció Sánchez en mayo, en una conferencia de donantes telemática destinada a recaudar fondos contra el Covid-19 y ahora se adjudica, han …”

Leer más: https://www.europapress.es/nacional/noticia-sanchez-reitera-anuncio-50-millones-alianza-vacunas-gavi-20200604180430.html

Si el querellado Sánchez Castejón mantiene amistad personal con Don Bill y Doña Melinda Gates, esto  que es algo que queda dentro de sus preferencias personales como ciudadano pero no puede hacerse extensivo al conjunto de los contribuyentes  de nuestro país ni tampoco esa amistad personal debería en modo alguno condicionarnos en nuestros intereses, especialmente los económicos.  Sobra recordar que toda la riqueza del país está supeditada a los intereses generales, entre los que no se cuenta el deseo particular del querellado de hacerse simpático y mostrarse afectuoso con quienes al parecer son son sus amigos pero no lo son ni de España ni de los españoles. La conclusión es que nos encontramos ante un uso perfectamente ilegítimo del dinero público. 

Recordamos al respecto la triste gira que recientemente este mismo querellado se ha visto forzado a hacer por Bruselas, Alemania y Suecia a fin de mendigar dinero para España. El mismo querellado Sánchez Castejón que ha arruinado el país con un confinamiento ilegal que paralizó la economía, el mismo querellado Sánchez Castejón que jaleó por motivos sectarios las ,manifestaciones del  8M, el mismo querellado Sánchez Castejón que alegremente y sin consultar con nadie regala al hombre más rico del mundo un dinero que no tenemos, ese mismo individuo evidencia con este viaje en busca de fondos que efectivamente no teníamos ese dinero que él decidió regalar.

Aunque la economía de nuestro país no se encontrara devastada, aunque no estuviéramos en vísperas de una recesión, aunque no nos encontrásemos  a las puertas de una etapa extensa de pobreza, quizá de hambre y probablemente de delincuencia generalizada derivada de ese hambre, la conducta del querellado no sería de recibo. Pero resulta que precisamente estamos enfrentando la peor calamidad económica de nuestra historia desde la guerra civil, lo que torna no ya irregular sino surrealista  que el querellado se permita el lujo de hacerse interesante y simpático con el hombre más rico del mundo al regalarle un dinero que ni nosotros  tenemos porque estamos en la ruina, ni él necesita porque si hay algo que le sobra a ese señor es precisamente el dinero.

El querellado Sánchez Castejón anunció su dadivosa intención durante una conferencia de donantes  celebrada se supone que en Estados Unidos, sin que  aparentemente tampoco la  iniciativa de su presencia allí fuera consecuencia de una previa decisión del gobierno  o hubiera sido el querellado comisionado para ello, Durante su turno de palabra  tuvo lo que podríamos llamar la santa desvergüenza de anunciar  que España iba a hacer llover los millones sobre la fundación, momento éste que fue seguido de una  paralela  lluvia de aplausos y saludos entusiastas que fueron respondidos por el querellado por una sonrisa de  complacencia. 

Fuente:

El recorte de pantalla se corresponde con el momento de la sonrisita del querellado ante la salva de aplausos y sirve de guía para localizar el momento de la grabación en el que hace el anuncio de regalar el dinero de todos, el dinero de un país próximo a la bancarrota (no el suyo), al  hombre más rico del mundo. Minuto 38.55’.

Aunque esta noticia ha pasado tal cual, sin que ni prensa ni oposición haya opuesto observación o crítica alguna, lo cierto es que no sólo resulta reprobable (e incurre en delito, como veremos) que el querellado se haga de querer con sus amigos y de admirar por la concurrencia regalando el dinero de quien nada tiene a quien está muy lejos de necesitarlo. 

Aunque nada se sabe en qué forma se sufragó este viaje del querellado al foro de estos señores, es de suponer que también corrió a cargo de los presupuestos generales del Estado. Pues bien, no sólo no es de recibo y debe ser investigada y enjuiciada  la parte más chillona y escandalosa de lo que aquí se denuncia (la donación de 125 millones de euros más otros 50), sino incluso el mismo viaje. Se trata de un viaje total y absolutamente innecesario, que hizo el querellado por propia iniciativa y sin expresar el sentir del gobierno o ejecutar acuerdo alguno de éste.  Consideramos que el querellado debe dar cuenta de hasta el último céntimo de lo gastado con motivo de esta salida hecha con la única intención de hacer una visita privada  a sus amigos. 

Incidentalmente decimos que este tipo de cuestiones son las que cualquier periodista en su sano juicio habría preguntado al querellado en su primera rueda de prensa tras su regreso de la conferencia de donantes: 

—Por qué y con qué legitimidad el presidente se atreve a regalar al hombre más rico del mundo 125 millones de euros más otros 50 que debían haberse empleado en la reconstrucción del país.

—Si   el coste de su viaje fue cargado también (como es de suponer) a los presupuestos generales del Estado.

—Si el consejo de ministros había adoptado alguna resolución que otorgase cobertura legal a la donación o al viaje.

De esta manera se comprenderá mejor la forma tan dañina en la que el querellado está instrumentalizando la censura previa en las preguntas durante las ruedas de prensa. 

Incluso desde la óptica administrativa, la conducta del querellado sería incardinable en la vía de hecho al no haberse desplegado (según todo parece indicar) previo acuerdo del consejo de ministros y escapar a sus competencias administrativas.

De acuerdo con el artículo 2 de  la ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, las competencias de su presidente son las siguientes:

“1. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en su gestión.

2. En todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno:

  1. Representar al Gobierno.

b) Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento.

c) Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.

d) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza.

e) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados.

f) Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.

g) Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62.g) de la Constitución.

h) Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución.

  1. Interponer el recurso de inconstitucionalidad.

j) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado, Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.

k) Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros.

l) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.

m) Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno.

n) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes”.

Podemos comprobar que la conducta del querellado no está comprendida en ninguna de sus atribuciones legales, de donde puede colegirse que no actuó en su calidad de presidente del gobierno sino como ciudadano particular. De aquí que no deban ser los presupuestos generales del Estado los que soporten ni los gastos originados por su viaje ni  las donaciones  que tan alegremente prometió y ejecutó.  Desde luego, ni cuando voló a Estados Unidos ni  cuando ofreció a  regalar a sus amigos el dinero de todos los españoles ni tampoco cuando transfirió de modo efectivo los 125 millones de euros y después otros 50  estaba actuando dentro de sus funciones de presidente del gobierno. La historia de los hechos sugiere que, en su mente, se presentó en el foro de donantes no cómo el presidente legítimo de un país democrático sujeto a reglas y controles democráticos, sino como un millonario más que se codea con otros millonarios, en este caso como el propietario de España, que por tanto puede hacer con España y con su riqueza (¿?) lo que le venga en gana cuando le venga en gana y como le venga en gana.

CUARTO.—  Ha sido  público y notorio en las últimas fechas que el querellado Señor Marlaska cesó fulminantemente al coronel de la guardia Civil Pérez de los Cobos después de que éste se negara hasta tres veces respondiendo a tres sucesivas  llamadas de sus superiores orgánicos instándole a permitir que dichos superiores tuvieran conocimiento del informe que la fuerza a su mando, en su carácter de policía judicial,  había elaborado a órdenes del juzgado de instrucción que investiga una denuncia contra el Delegado del Gobierno en Madrid a consecuencia del 8M.

La razón oficial del cese es la pérdida de confianza, si bien parece obvia la relación de causalidad con la celosa actitud del coronel, quien desde luego actuó muy correctamente al negarse  a revelar una información cuya naturaleza es secreta.

No obstante, resulta indiferente que exista o no vínculo causal, puesto que el cese resulta ilegal al vulnerar la prohibición del artículo 550.2 de la LOPJ.

En todo caso, analizando los hechos en su contexto caben pocas dudas de que la intención del querellado era proteger al gobierno de la investigación. No olvidemos que aunque ningún miembro del mismo era investigado, sí lo era el delegado en Madrid de ese mismo gobierno, una autoridad que actuaba siguiendo naturalmente sus instrucciones y cuyas decisiones activas u omisivas no fueron más  que la expresión de la voluntad del gobierno. Desde este punto de vista, la situación  puede contemplarse como un intento más bien surrealista y por supuesto ejecutado con abuso de autoridad de obstrucción a la justicia en el que el denunciado en aquella causa   (no inmediato, pero sí mediato, es decir el gobierno) trata de obtener información anticipada sobre documentos que lo comprometen o piensa que lo pueden comprometer.

Por lo demás, exista o no vinculación entre la investigación y el cese, resulta indiscutible que cada uno de los superiores que en un sólo día telefonearon al coronel Pérez de los Cobos para pedirle que les diera a conocer el documento, lo estaba moviendo a cometer el delito tipificado en el apartado tercero del artículo 466 del Código Penal, de donde puede comprenderse la situación de extremo abuso y las prácticas más propias del crimen organizado propiciados por los querellados en general como miembros del gobierno y por el querellado Grande Marlaska en particular.

QUINTO.— El querellado Señor Grande Marlaska también procedió  el 1 de agosto de 2018 a otro cese fulminante de un alto mando de la guardia civil. Se trata del coronel de la Manuel Sánchez Corbí, jefe de la Unidad Central Operativa, la famosa UCO que tantos éxitos estaba cosechando en la lucha contra el crimen y la corrupción política.

El cese vino precedido al parecer de unas declaraciones del interesado, o de a filtración de un documento en el que el coronel se habría quejado de que la falta de asignación presupuestaria suficiente para la UCO habría hecho imposible la continuación de sus investigaciones. 

Parece ser que las mermas presupuestarias habían sido ordenadas por el hoy querellado con toda intención y con el propósito de bloquear a la UCO  ante las investigaciones que estaba realizando en relación con la  presunta corrupción del PSOE.

Desde luego, como en el caso anterior, nos encontramos aquí ante la insólita situación de que el presunto delincuente (por referencia global al PSOE) es al mismo tiempo el superior jerárquico de quienes tienen por misión investigarlo y, en su caso, ponerlo a disposición judicial. Por tanto, el querellado, dejando al margen su obligación de servir a los intereses generales, hace uso de su autoridad para impedir la continuación de las investigaciones.

Encontrado en google (el confidencial digital):

Desde la Benemérita “coinciden” con las fuentes de Interior consultadas por este diario a la hora de asegurar que, efectivamente, la “predilección” del ministro por la Policía Nacional “no ha ayudado” para que exista una buena relación. No obstante, los mandos de la Guardia Civil contactados por ECD tampoco dudan en cargar duramente contra el Ministerio: “Están protegiendo al PSOE”, aseguran.

En ese sentido, explican que la pérdida de fondos por parte de la UCO, que denunció la semana pasada el ya ex jefe de la Unidad Manuel Sánchez Corbí, es “totalmente cierta” y tiene como objetivo “proteger al Partido Socialista de una serie de investigaciones que llevan meses abiertas”.

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/cese-jefe-ocu-esconde-enfrentamiento-interior-guardia-civil/20180802173056114550.html

SEXTO.— Desde el inicio de la pandemia han sido incesantes las comparecencias públicas del querellado Sr. Simón Soria. Dejando ahora al margen sus erróneas consignas de los primeros momentos sobre la insignificante amenaza que el coronavirus representaba para España, la responsabilidad inherente al cargo que ostenta lo obligaba a minimizar todo lo posible tanto los contagios como la vulnerabilidad ante la enfermedad, lo que obviamente implica el fortalecimiento del sistema inmune individual.

Existe un buen número de medicamentos en el mercado para este fin, lo mismo que es sabido que determinados alimentos o complementos nutricionales contribuyen al fortalecimiento del sistema inmune.  Para no transformar esta querella en una monografía médica se transcriben únicamente unos breves  pasajes dedicados a la vitamina C y  extraídos del  libro escrito por Doña Jenifer Meek y Don Patrick Holford PROTEGE TU SISTEMA INMUNOLÓGICO:

Es  un agente antiviral increíble. De hecho aún no se han realizado ensayos de laboratorio en los que  ningún  virus haya sobrevivido al ataque de  una dosis elevada de esta vitamina, habiéndose probado desde  el virus del resfriado común hasta el VIH.  En  en el tubo de ensayo incluso este último virus puede ser erradicado  en un periodo de cuatro días en un entorno  rico en vitamina C. En el análisis de diferentes estudios de investigación en los que se usaban  entre 1 y 6 g de vitamina C al día, los doctores Hemila y Herman encontraron  pruebas consistentes en que los resfriados eran más cortos y síntomas más suaves”.

Durante  una infección de tipo viral el truco radica en que saturemos corriente sanguínea con vitamina c, ya que los virus no pueden vivir en un entorno así

El libro contiene también un buen número de consejos relativos al estilo de vida entre los que destacan una insolación suficiente y por supuesto el ejercicio físico, dos factores no precisamente favorecidos por el confinamiento.  Más bien todo lo contrario. 

Es  improbable  que el querellado Sr. Simón Soria desconozca la existencia del libro, y totalmente imposible que ignore la necesidad de mantener un sistema inmunológico fuerte como vía para que la población pueda autoprotegerse del virus. 

Sin embargo, en sus persistentes y repetitivas comparecencias ha estado omitiendo cualquier consejo de ese tipo y limitándose  a aconsejar una y otra vez que los ciudadanos debían lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.

Tan extraña actitud, unida a las fundadas sospechas existentes de que se están asignando a Covid 19 muertes que tienen otras causas para aumentar la estadística, la morbosa tendencia a mostrar en el telediario docenas de cajas de difunto apiladas o el caos de los hospitales y  la feroz  negativa de los comités de ética de los hospitales autorizar el empleo de la ozonoterapia pese a su probada eficacia, parecen conducir  a la doble  conclusión de que: a) El gobierno NO quiere  que los ciudadanos se libren de la enfermedad y la muerte y b) El gobierno está tratando de mostrar una realidad mucho más cruda y grave que la real. 

En todo caso, el querellado Señor Simón Soria incurre en responsabilidad al omitir cualquier tipo de consejo, directriz o indicación para que los ciudadanos fortalezcan su sistema inmune.

SEPTIMO.— La policlínica del Rosario de Ibiza ha hecho uso con éxito de la ozonoterapia para tratar a enfermos contagiados de Covid 19. Así consta en una publicación fe Diario de Ibiza de 08.04.20.

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2020/04/08/la-policlinica-trata-exito-los/1135505.html

Más adelante, el anestesista de esta clínica Don Alberto Hernández Martínez concede una entrevista de radio en la que, entre otras cosas, manifiesta lo siguiente:

— Que se ha aplicado la terapia a diez pacientes semicriticos y críticos con un índice de curación cercano al 100%.

—Que el ozono, como antiinflamatorio particularmente potente, está resultando un medio idóneo para combatir la gran inflamación derivada de la enfermedad.

—Que el ozono libera en los vasos sanguíneos oxido nitrico, un antiagregante plaquetario que sirve para neutralizar los trombos causados por el virus y un vaso dilatador que igualmente protege de los trombos.

—Que está sustancia produce hiperoxigenación de los tejidos que contribuye tanto a un mejor funcionamiento del sistema inmune como a combatir las agresiones específicas causadas por el virus.

—Que la  terapia está en las antípodas del procedimiento utilizado por rutina en los hospitales, consistente en suministro de corticoides que disminuyen el sistema inmune.

—Que la hiperoxidación producida por el ozono es letal para el propio virus.

—Que las más de 17.000 publicaciones científicas sobres esta terapia constituyen un serio aval.

—Que como terapia contra el Covid 19,  el ozono se ha empleado con éxito en China y con un éxito espectacular en Italia, con 46 curaciones.

—Que el ozono medicinal carece de toxicidad o efectos secundarios, aunque hay que cuidar de no administrarlo por vías respiratorias.

—Que a pesar de que todo lo que se está haciendo en los hospitales es administrar medicación que tiene un alto coste económico y que presenta efectos secundarios que califica de brutales, los comités éticos de al menos diez de estos hospitales han denegado a sus médicos autorización para empleo de esta terapia eficaz y segura. Literalmente afirma: “incluso en un centro le han dicho a la médico que prefieren que se mueran a probarlo”.

El vídeo estaba alojado en esta URL y ha sido suprimido, supuestamente por violar las normas de la comunidad de YouTube.

POSIBLE CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS

La suspensión de los derechos de libre circulación, reunión y manifestación, atribuible provisionalmente a todos los querellados, es incardinable en el delito tipificado en el artículo 542 del Código Penal y definido como impedir una autoridad o funcionario público “el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes” por violación ilegítima del artículo 19 de la Constitución a cuenta de la efectiva suspensión del derecho de libre circulación allí recogido y de su artículo 15 en cuanto garantía de la integridad física y moral

El espionaje  a grupos de Telegram cuyos miembros supuestamente se estarían coordinando para  burlar el confinamiento, atribuible de manera provisional al querellado Grande Marlaska, es incardinable en el delito tipificado en el artículo 542 del Código Penal y definido como impedir una autoridad o funcionario público “el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes” por violación ilegítima de los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la Constitución, relativos respectivamente al secreto de las comunicaciones y a la limitación del uso de la informática para preservar la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el legítimo ejercicio de sus derechos. En este caso se trata del derecho a la discrepancia, y por lo demás debe decirse que ningún inconveniente debería haber en que los ciudadanos se coordinaran para burlar el confinamento puesto que el RD que lo impone es ilegal y su aprobación por el consejo de ministros podría constituir un delito.

La comunicación del general Santiago con arreglo a la cual la guardia civil estaba trabajando para aliviar el estrés social y tratando de minimizar las opiniones contrarias a la gestión de la crisis por parte del gobierno, cuyo responsable puede ser provisionalmente el querellado Grande Marlaska como, puede constituir un delito tipificado en el artículo 542 del Código Penal y definido como impedir una autoridad o funcionario público “el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes” por violación ilegítima en relación con el derecho que asiste a todo ciudadano a pensar y opinar lo que tenga por conveniente, recogido en el artículo 20.1.a) de la Constitución.

La prohibición de presencia de periodistas en las ruedas de prensa y el consiguiente filtrado previo de preguntas a través de whatsapp, conducta atribuible al querellado Don Pedro Sánchez Castejón,  es incardinable en el delito de censura de prensa impuesta por autoridad o funcionario público,  tipificado en el artículo 538 del Código Penal.

La conducta del querellado Don Pedro Sánchez Castejón consistente en viajar a la conferencia de donantes promovida por la fundación Bill y Melinda Gates, siempre que de la instrucción se desprendiera que se hizo con dinero público, puede constituir un delito de malversación de caudales públicos previsto en el artículo 432 en relación con el 252 del Código Penal.

La conducta del querellado Don Pedro Sánchez Castejón consistente en donar 125 millones de euros de dinero público a a la fundación Bill y Melinda Gates puede constituir un delito de malversación de caudales públicos previsto en el artículo 432 en relación con el 252 del Código Penal.

La conducta del querellado Don Pedro Sánchez Castejón consistente en donar 50  millones de euros de dinero público a a la fundación Bill y Melinda Gates puede constituir un delito de malversación de caudales públicos previsto en el artículo 432 en relación con el 252 del Código Penal.

El cese del coronel Pérez de los Cobos, del que es responsable el querellado Grande Marlaska,  puede constituir un delito de prevaricación administrativa tipificado en el artículo 404 del Código Penal.

El cese del coronel Sánchez Corbí, del que es responsable el querellado Grande Marlaska, puede constituir un delito de prevaricación administrativa tipificado en el artículo 404 del Código Penal.

La conducta del querellado Sr. Simón Soria de omitir toda instrucción a los ciudadanos para el fortalecimiento de su sistema inmunológico, puede constituir un delito de omisión del deber de socorro  en su modalidad cualificada del artículo 196 del Código Penal.

La conducta consistente en negar la terapia del ozono, a cuyos responsables habrá que identificar en instrucción pero que provisionalmente puede atribuirse al Ministro de Sanidad, el querellado Salvador Illa, puede constituir un delito de omisión del deber de socorro en el tipo agravado del artículo 196 del Código Penal, o incluso, eventualmente de homicidios  por dolo eventual. 

DILIGENCIAS PROBATORIAS QUE SE INTERESAN

Declaración de los querellados.

Documental:

  1. Para que se oficie al Ministerio de Sanidad a efectos de que por el mismo se remitan todos los informes científicos que obren en su poder y que confirmen y demuestren en términos objetivos y científicamente claros y comprobables que los cuadros patológicos característicos de la pandemia han sido provocados por un virus agresivo y contagioso.
  2. Para que se oficie al Ministerio de Sanidad a efectos de que por el mismo se remitan todos los informes científicos acreditativos de la fiabilidad de los llamados test rápidos de Covid 19.
  3. Para que se oficie al Ministerio para asuntos económicos y transformación digital a efectos de que por el mismo se informe sobre lo siguiente: 1) Con cargo a qué partida presupuestaria se abonaron los gastos del viaje de Don Pedro Sánchez Castejón a la conferencia de donantes de la fundación Bill y Melinda Gates y  los 125 millones de euros donados por el mismo Pedro Sánchez a esa fundación. 2) Controles previos de ambos gastos que hubiera efectuado, en su caso, la Intervención General del Estado, acompañando los informes que hubieran sido emitidos 

Testifical de Don Alberto Hernández Martínez. El testigo es anestesista de la clínica del Rosario en la ciudad deIbiza, vía Romana s/n 07800 Ibiza.

En su virtud,

SOLICITO A LA SALA: Se sirva tener por formulada la presente querella, admitirla y tramitar el procedimiento que corresponda en esclarecimiento de los hechos, con práctica de las diligencias de prueba interesadas.