QUEJA A LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO CONTRA FRAUDE ELECTORAL

Presentado ayer en nombre de la plataforma ELECCIONES TRANSPARENTES

TEXTO DE LA PETICIÓN


PRIMERO.— La presente petición concierne a los procesos electorales en el Reino de España y por lo tanto a la calidad de su democracia. Se basa  en el artículo 2 del tratado constitutivo de la UE cuando afirma que “ la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos (…).”.
El precepto es la constatación en el derecho positivo de la  UE  de lo que constituye un presupuesto de todos conocido, y es que los Estados que no sean democracias no pueden formar parte de la Unión.
La orientación de la presente queja es la activación, si ello fuera preciso, de las previsiones establecidas en el artículo 7.1  del Tratado Constitutivo: “A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2. Antes de proceder a esta constatación, el Consejo oirá al Estado miembro de que se trate y por el mismo procedimiento podrá dirigirle recomendaciones”. 
No obstante, se solicitarán otras medidas concretas.

SEGUNDO.— Motiva la presente petición una situación doble: 
—En primer lugar, los fuertes indicios  que constan de fraude electoral al menos en las  dos más recientes elecciones generales a Cortes en el Reino de España, las de 28 de abril  de 22019 y 10 de noviembre de 2020, pero también a las propias elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019, como  se explicará a continuación.


En segundo lugar, la inadecuación o insuficiencia de las instituciones de control predeterminadlas por el ordenamiento jurídico interno del Reino de España, que en esta materia son de un lado la fiscalía y los jueces y tribunales y de otro las distintas juntas electorales, como también se explicará. 


En cuanto a los indicios racionales de fraude en los dos últimos procesos electorales,  los hechos son los que a continuación se exponen.
El proceso está regulado en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y sus hitos principales en lo que aquí importa  son los siguientes:
—La mesa electoral (que recibirá los votos) debe  quedar constituida a las 08.30 con presencia de presidente,  ice presidente, vocales e interventores (art. 89). Éstos últimos son representantes de los partidos políticos cuya misión es la vigilancia y control del proceso de votaciones.
—Una vez concluidas las votaciones, el presidente va extrayendo las papeletas y pronunciando en voz alta la denominación de las candidaturas. De ello se levanta él acta correspondiente, pudiendo presentarse reclamación en el acto (artículo 97). La presencia de los interventores (representantes de los partidos políticos) garantiza que no se produzcan en este trance ninguna irregularidad,
— La ley dice que. “se  expedirá asimismo una copia del acta de escrutinio a la persona designada por la Administración para recibirla, y a los solos efectos de facilitar la información provisional sobre los resultados de la elección que ha de proporcionar el Gobierno” (artículo 98,2).  Aquí  radica una de las claves del posible fraude: La “persona designada por la Administración” es un empleado de la empresa adjudicataria de la asistencia técnica. El propósito de la figura es acelerar la transmisión de los datos  meramente informativos (no a efectos legales ni oficiales) para que el ministro del Interior pueda ir adelantando los resultados  a partir de las diez de la noche. Estos trabajadores van provistos de una  tableta electrónica con la que transmiten datos (teóricamente transmiten el escrutinio)  por vía inalámbrica al Ministerio del Interior, no existiendo control alguno sobre la fidelidad de esos  datos que transmiten, de la misma manera que en el Ministerio del Interior  que los recibe  no hay ningún interventor de otros  partidos  políticos que pueda garantizar la concordancia de los datos recibidos con los resultados del escrutinio en los colegios electorales. Por tanto, si los datos remitidos por la asistencia técnica no se correspondieran con los votos realmente introducidos en las urnas, no habría ningún control sobre ello. No obstante, esto no debería importar, puesto que esos datos son  puramente provisionales y carecen de todo valor legal, siendo sus efectos puramente informativos. El escrutinio oficial es el que hace la junta electoral provincial tres días más tarde.


—Terminado el escrutinio en la mesa electoral, las papeletas, con arreglo al artículo 97.3, se destruyen (lo que no ayuda en caso de fraude).
—Las actas se introducen en tres sobres (artículo 100).
—Dos de estos sobres son entregados al juez, que dentro de las diez horas siguientes los  entregará a su vez a  la junta electoral que deba hacer el escrutinio (en la práctica, la junta electoral provincial). Artículo 101. El tercer sobre se remite a la junta electoral por correo artículo 102).
—Lo que la ley llama el escrutinio general lo hace la junta electoral en un acto único y con carácter público  (artículo 103).


—La junta electoral debe abrir todos los sobres y realizar un escrutinio independiente del provisional que ya se hizo en las mesas electorales (artículo 105) y de levantará acta de todo ello (artículo 108).
—En caso de detectarse irregularidades, existe un procedimiento judicial especial llamado proceso contencioso electoral, que sin embargo sólo pueden interponer 

  1. Los candidatos proclamados o no proclamados.
  2. b) Los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción.
  3. c) Los partidos políticos, asociaciones, federaciones y coaliciones que hayan presentado candidaturas en la circunscripción.

Pero no los ciudadanos (artículo 110).
Con arreglo al artículo 10,  la Junta Electoral Provincial (la encargada de realizar el escrutinio) está compuesta por:

  1. Tres Vocales, Magistrados de la Audiencia Provincial correspondiente, designados mediante insaculación por el Consejo General del Poder Judicial. Cuando no hubiere en la Audiencia de que se trate el número de Magistrados suficiente se designará a titulares de órganos jurisdiccionales unipersonales de la capital de la Provincia.

b) Dos Vocales nombrados por la Junta Electoral Central entre Catedráticos y Profesores Titulares de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología o juristas de reconocido prestigio residentes en la provincia. La designación de estos Vocales tendrá lugar una vez proclamadas las candidaturas. A este fin, los representantes de las candidaturas presentadas en el distrito propondrán conjuntamente las personas que hayan de desempeñar estos cargos. Si dicha propuesta no tiene lugar antes del comienzo de la campaña electoral, la Junta Electoral Central procede a su nombramiento.
Existe igualmente una junta electoral central que supervisará la actuación de la provincial.


Quiere esto decir que la junta electoral provincial está integrada por juristas de gran calidad y de formación cualificada.
Pues bien, el mecanismo del posible fraude electoral es doble:
1. De un lado, la ausencia de todo control en relación con los datos remitidos al ministerio del interior de forma  inalámbrica los empleados de la asistencia técnica (lo que la ley llama “la persona designada por la Administración”).
A este respecto, hay que decir que en los dos últimos procesos electorales la empresa encargada de esa tarea  ha sido una sociedad participada por el Estado llamada Indra, Soluciones Tecnológicas de la Información, S. L. U. 
Web de Indra:
https://www.indracompany.com
Dos relevantes miembros del partido socialista pertenecen al consejo de administración de la empresa desde 2019. Se trata de Miguel Sebastián Gascón, que fue ministro de industria con Rodriguez Zapatero, y el  ex diputado socialista Antonio Cuevas Delgado en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Web corporativa donde consta la composición Consejo de Administración:
https://www.indracompany.com/es/accionistas/govermment/2875
A partir de 01.10.2019, el multimillonario George Soros (A quien según las redes sociales Pedro Sánchez Castejón obedece en todo) protagonizó una extraña (y mínima) inversión en acciones de  INDRA.
https://www.lainformacion.com/mercados-y-bolsas/soros-sanchez-corto-bajista-indra-estado-sepi/6513861/
Recordemos que el las últimas elecciones generales tuvieron lugar poco tiempo después, en 10.11.19.
Información sobre corrupciones y fraudes electorales de Indra encontrada en la web:


Esta empresa ha sido la encargada de la gestión de la mayoría de los procesos electorales desde la transición teniendo, prácticamente, el monopolio del sector excepto en 2015 cuando la empresa encargada fue la catalana Scytl. Su labor en las elecciones ha estado en duda en varias ocasiones: en Sevilla, en 2015, el conteo de votos electrónicos de 44 mesas estuvo bloqueado durante varios días, mientras que en 2010 en Barcelona el sistema falló en varias ocasiones antes, durante y después de una jornada electoral.
La sospecha de fraude no solo ha sido en España. En 2015, en las elecciones de la República Dominicana, los resultados electorales fueron rechazados por toda la oposición acusando a la empresa de pucherazo. Este gobierno pagó 26,9 millones de euros a Indra.
Los equipos que utiliza Indra proceden de la empresa PricewaterhouseCoopers, condenada en dos ocasiones por falsear información en favor de dos de los bancos que auditaba: Tokyo-Mitsubishi UFJ y JP Morgan.
Involucrada en varios casos de corrupción
En los últimos años ha salido a la luz de Indra estaba relacionada con varios casos de corrupción relacionados con el Partido Popular: Caso Púnica y Operación Lezo. La Guardia Civil descubrió que Indra utilizó empresas tapadera para financiar la Caja B del PP con 600.000 euros. Este dinero habría salido de adjudicaciones públicas infladas. También se le ha relacionado por la compra de la empresa Europraxis en 2001 cuando era propiedad de Josep Pujol Ferrusola.


Según la Diputación, ha sido la única empresa que se ha presentado al concurso y destacan que como administración convocante, es a ellos quien corresponde la obligación de facilitar a la opinión pública la información sobre los resultados electorales a partir de los datos recogidos en las actas de escrutinio de las mesas electorales. Posteriormente, se realizará el escrutinio general por la Junta Electoral del Territorio Histórico de Álava”.
Fuente: 
https://gasteizberri.com/2019/03/la-diputacion-adjudica-a-indra-condenada-por-falsear-datos-el-procesamiento-de-los-votos-de-las-elecciones-forales/


Dos eventos sucedidos poco antes de   las elecciones de 28.04.19 resultan particularmente inquietantes:
—El programa de TVE 

Informe semanal, un informativo especializado en proporcionar información sesgada y manipulada al gusto del gobierno de turno, incluyó un reportaje dedicado a expresar los temores existentes ante la posibilidad de que los hackers rusos perturbaran el resultado de las elecciones mediante ataques informáticos.


—El   Ministro del interior en funciones creó a última hora un autodenominado “Subcomité de Seguridad de la información para la Difusión de resultados Provisionales en Procesos Electorales”, adscrito al Comité Superior para la Seguridad de la Información del Ministerio del Interior. Según la página web del Ministerio del Interior, dicho Subcomité “se constituye como máximo responsable de la seguridad de la información en el ámbito electoral para garantizar el ejercicio seguro y efectivo del derecho fundamental a la participación política”. 
El organismo fue creado de forma opaca y  sin consultar formalmente al Parlamento ni a ningún otro partido político.


La nota de prensa publicada al respecto dice así:

Constituido el Subcomité de Seguridad de la Información para la Difusión de Resultados Provisionales en Procesos ElectoralesMinisterio del InteriorMadrid, 26/04/2019.


Este jueves 25 de abril se ha creado el Subcomité de Seguridad de la Información para la Difusión de Resultados Provisionales en Procesos Electorales, adscrito al Comité Superior para la Seguridad de la Información del Ministerio del Interior y cuyo ámbito de actuación son los procesos electorales.


Este Subcomité se constituye como máximo responsable de la seguridad de la información en el ámbito electoral para garantizar el ejercicio seguro y efectivo del derecho fundamental a la participación política, en un contexto actual donde el uso de servicios, comunicaciones y sistemas informáticos debe reunir las más altas condiciones técnicas y de seguridad.
Entre las funciones de este Subcomité está la aprobación de los procedimientos operativos de seguridad de la información aplicados en el proceso de difusión de resultados provisionales.
Este Subcomité se pone en marcha en respuesta a un entorno internacional donde ha aumentado la inquietud por la ciberseguridad y la Unión Europea ha expresado su preocupación sobre el aumento de amenazas provenientes de diferentes actores.Es por ello que, dentro del desarrollo seguro de un proceso electoral, se hace necesario disponer de procedimientos de notificación y gestión de incidentes contra la seguridad de la información que sirvan para exponer con precisión todas y cada una de las fases y procesos para la detección, tratamiento, mitigación, resolución e investigación de cualquier evento categorizado como ciberincidente.
El Subcomité está compuesto por la subsecretaria del Interior, Isabel Goicoechea, que lo preside, por la directora general de Política Interior, Carmen López, así como por la subdirectora general de Política Interior y Procesos Electorales, el subdirector general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad, el subdirector general de Calidad de los Servicios e Innovación y un funcionario de alto nivel de la mencionada Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/10249272


Se da por hecho que todos los miembros son políticos pertenecientes al partido socialista. 


Debe notarse que las elecciones se celebraron sólo tres días después de hacerse pública  la constitución del organismo, el cual había sido creado mediante Orden del Ministerio del Interior 424/2019, de 10 de abril. Llama la atención que el subcomité nace el día 10 de abril pero hasta el día 25 de abril no se difunde la nota de prensa. Esta extraña dilación sugiere un plan premeditado para que los demás partidos que concurren a las elecciones carezcan de toda capacidad de respuesta o crítica frente a la más que sospechosa creación de un organismo con control absoluto sobre el flujo de datos del escrutinio provisional  (con las salvedades que se dirán) cuyos miembros son todos ellos, supuestamente, políticos en activo del partido socialista.

El  artículo primero de la OM  reza así:

La presente orden tiene por objeto:
a) La creación del Subcomité de Seguridad de la Información para la Difusión de Resultados Provisionales en Procesos Electorales.”


Por lo tanto, nos encontramos aquí de un lado con un notable esfuerzo de TVE  en el plano informativo (aunque quizá sería mejor decir en el plano de la propaganda) y por el otro en los planos normativo y organizativo, incluso con creación de un organismo nuevo, con una finalidad común como es prevenir ataques de piratas informáticos en el proceso electoral
Pues bien, cada uno de esos esfuerzos fueron perfectamente inútiles, o más bien deberían considerarse así desde una perspectiva recta y coherente y de acuerdo con la ley, puesto que los datos transmitidos electrónicamente (los únicos sensibles a loa hackers) son una mera información previa no oficial que nada tiene que ver con el escrutinio.
Si hubo en ambas iniciativas intenciones torcidas cabe suponer que el subconsciente traicionó a los responsables. Y la idea fija de su subconsciente era o pudo ser  la de dar por hecho que no iba a cumplirse la ley electoral y la de que los resultados transmitidos electrónicamente, pese a ser oficiosos y tener carácter puramente provisional e informativo, iban a hacerse pasar por los oficiales porque ya se daba por hecho que nunca habría escrutinio oficial.


Deberíamos preguntarnos qué sentido tiene inocular la sospecha y la duda en la población mediante un reportaje de televisión difundido en horario de máxima audiencia en el que se deja constancia de que podrían los hackers rusos interferir en el proceso electoral alterando los datos electrónicos cuando tales datos electrónicos, alterados o no, son provisionales y no van a ningún sitio porque los únicos resultados que cuentan son los del escrutinio hecho a mano en las juntas electorales provinciales. Y la respuesta es que muy probablemente con ello se deseaba desviar la atención de la población acerca de cómo funciona realmente el proceso electoral y predisponerla a la falsa creencia de que lel envío oficiso y puramente informativo de datos o electrónicos provisionales  es el  escrutinio válido cuando  resulta ser al revés. Es decir, que la televisión pública dedicó ese esfuerzo a la desinformación consciente e interesada, desde luego en perjuicio de la democracia.
Por otro lado:
¿Qué sentido tiene crear un organismo administrativo para vigilar y depurar datos electrónicos que son puramente oficiosos y que están destinados  a perder todo valor, incluso el  meramente informativo, sólo tres días después, cuando las juntas electorales provinciales hagan el escrutinio? ¿Qué necesidad hay de prevenir o evitar la alteración de  unos datos que en el fondo no significan nada por tener un plazo de caducidad de sólo tres días?  ¿Cuál es realmente el peligro que se quiere evitar?
Naturalmente que existe un nexo de unión entre el reportaje de televisión y la creación del organismo: El primero venía ordenado a generar en la sociedad una inseguridad a fin de  los ciudadanos se sintieran aliviados con la creación del subcomité. Quiere esto decir que un gobierno empleado a fondo a la tarea de engañar y manipular a los ciudadanos (en el aspecto más sensible de la democracia), mediante el programa de televisión se inventó un falso problema y mediante la creación de la subcomisión creó una falsa solución. 


¿Y ello con qué fin? Con el fin de que ningún ciudadano pudiera saber que el escrutinio es invulnerable a los hackers porque se hace (o debe hacerse) a mano y se dejaran llevar por la falsa apariencia de que la transmisión electrónica de los datos de las mesas electorales era el escrutinio oficial.
Entre lo uno y lo otro no sólo se fue generando el engaño que permitió que el proceso se apartara completamente de la ley electoral, sino que también permitió que los datos fueran recibidos y, en su caso, alterados y filtrados sin absolutamente ningún control  por un grupo de políticos en activo pertenecientes a uno de los partidos concurrentes a las elecciones. Y se advierte que este subcomité fue creado para todos los procesos electorales, por lo que también intervino en las  últimas elecciones europeas.
Debe constar como antecedente de interés que Don Pedro Sánchez Castejón, que de momento trabaja como presidente del gobierno, ya tiene práctica en hacer trampas en procesos electorales, algo que en idioma español se llama familiarmente pucherazo.

“El fallido pucherazo de Sánchez con unas urnas sin control provocó su caídaLa ruptura de los «pedristas» ante la «chapuza» de la votación urdida por su número dos fue el detonante: ahí Sánchez supo su derrota”

https://www.larazon.es/espana/el-fallido-pucherazo-de-sanchez-con-unas-urnas-sin-control-provoco-su-caida-FA13648951/

2. De otro lado, y aquí la clave del problema, las juntas electorales provinciales, que son las encargadas de realizar el escrutinio oficial y único válido mediante la apertura, verificación y recuento de los votos anotados en las correspondientes mesas electorales, simplemente no lo hacen. Es así de simple y así de brutal: Las juntas electorales provinciales se limitan en el mejor de los casos a abrir unos pocos sobres a modo de estimación, pero sistemáticamente , y por surrealista que esto pueda parecer,  incumplen la obligación que les impone la ley de abrir la totalidad de los sobres y realizar el escrutinio.


Esta práctica ha podido ser verificada por diversos grupos de activistas, muchos pertenecientes a la plataforma ciudadana ELECCIONES TRANSPARENTES, gracias al carácter público que tiene el acto del escrutinio en las juntas electorales provinciales. Se trata de un modo de proceder que puede incluso incurrir en delito, puesto que en las correspondientes actas se supone que se afirma o se da a entender que la apertura de sobres y otros trámites se han hecho conforme ordena la ley electoral cuando en realidad no es así. El artículo 139 de dicha ley electoral establece lo siguiente:
Serán castigados con las penas de seis meses a dos años y de multa de seis a veinticuatro meses los funcionarios públicos que:
(…)
3. No extiendan las actas, certificaciones, notificaciones y demás documentos electorales en la forma y momentos previstos por la Ley”.


Esto es lo que se puede esperar de un país en el que las claves que impiden  la existencia de democracia efectiva no residen en militares golpistas o en grupos fascistas, sino (paradójicamente) de la élite jurídica de la sociedad: Los magistrados, jueces y catedráticos integrantes de las juntas electorales. Se trata de personas que por motivos que se desconocen se niegan  a abrir la totalidad de los sobres procedentes de los colegios electorales y a realizar el escrutinio a que los obliga la ley. Quizá porque se sienten llamados a tareas de más alta responsabilidad acordes con su rango, aunque esto es algo puramente especulativo que escapa a los límites de la presente petición. La realidad es que la ley obliga con la misma fuerza a los ciudadanos comunes determinados por sorteo a permanecer todo el día en el colegio electoral recibiendo los votos  que a los jueces, magistrados y catedráticos a permanecer en la junta electoral provincial elaborando el escrutinio oficial tras  la apertura y comprobación de todos los sobres. Sin embargo, mientras que un vocal de mesa electoral que se ausente o falte a su obligación puede encontrarse con un problema serio, los jueces, magistrados y catedráticos encargados del escrutinio oficial dejan el trabajo sin hacer o lo hacen a medias sin que ni uno solo de los mecanismos de control predeterminadlos por la ley sirva para  nada incluso mediando las correspondientes denuncias, con la única excepción que se expone seguidamente.
Se trata  del precedente relativo a  la reclamación formulada por un  partido político,  debido a  motivos semejantes a los expuestos,  ante la junta electoral provincial de Sevilla con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucia de 2015. La reclamación, incluso reconociendo la junta electoral provincial que se habían producido las irregularidades denunciadas, fue rechazada por estimarse que las irregularidades en cuestión eran “de importancia menor.” 


Formulado recurso ante la junta electoral central, fue estimado el mismo y en consecuencia se ordenó a la junta electoral provincial efectuar el escrutinio en los estrictos términos del artículo 205 de la ley electoral, es decir mediante apertura de todos los sobres y contabilización de todos los votos.
El número de expediente es 334/26, donde se ignora el significado del dígito 26. La resolución es de fecha 06.05.15.
Resolución de la junta electoral central como documento probatorio núm. 1.
No obstante esta resolución (que no deja lugar a dudas en cuanto a la obligación de abrir todos los sobres y proceder al escrutinio ), en adelante la junta electoral provincial de Sevilla, llevada de una inercia por lo visto invencible lo mismo que el resto de juntas electorales provinciales del  Reino de España, continuó infringiendo la ley electoral exactamente igual que si la resolución de la junta electoral central nunca hubiera existido. 
Esta circunstancia tan triste confirma que en el Reino de España las instituciones no funcionan (en realidad, como se ve, no quieren funcionar), lo que hace imprescindible la presente petición.


 Como prueba adicional de que en el reino de España las instituciones ni funcionan ni quieren funcionar, se cita la denuncia del ciudadano de Sevilla  Don Antonio Adalid ante la Fiscalía por la posible  comisión del delito recogido en el artículo 105.d)  de la ley electoral en relación con el modo de proceder al escrutinio la misma junta electoral de Sevilla en diversos procesos electorales.
El Fiscal archivó las diligencias de investigación núm.364/19 mediante resolución de 13.09.19  en la que, incluso admitiendo que la junta electoral incumple la ley electoral  de manera repetitiva, se atreve a afirmar que “una interpretación sistemática y generalizada (de la ley electoral) apunta a la idea de la no necesidad de apertura generalizada de los sobres núm. 1 (artículo 100  párrafo segundo de la citada ley) teniendo en cuenta que cuando la ley se redactó y promulgó no existían los medios informáticos que actualmente existen y que además la finalidad de dicha apertura es salvar y corregir los errores aritméticos, de hecho  o materiales (artículo 106 apartado uno de la ley electoral) o en su caso validar los votos declarados nulos por las diferentes mesas pero, lógicamente en los supuestos en los que se hayan producido reclamaciones electorales. 
El proceso de escrutinio de las mesas regulado en los artículos 25 y siguientes de la ley electoral ofrece garantías suficientes dada la presencia de interventores de los diferentes partidos políticos en el recuento de votos, que me pueden hacer ver que se consigne en el acta las reclamaciones y protestas en relación al recuento y el acta de la sesión, amén de la posibilidad de reclamaciones y protestas previstas en el artículo 108 y otros cauces como los recursos previstos en la ley. 
Por otra parte los delitos regulados en el artículo 140 de la ley electoral son en realidad delitos de falsedad cometidos por funcionarios públicos. Por falsedad ha de entenderse toda alteración o mudamiento de la verdad que afecte a extremos esenciales de un documento y no inanes”.


Con esto ya tiene  la Comisión de Peticiones una segunda  muestra de la nula capacidad de las instituciones del Reino de España para depurar los defectos y vicios del sistema electoral incluso cuando éstos son evidentes e incluso cuando un órgano como la Fiscalía admite su existencia.
Sobre   el informe del Fiscal se hacen las siguientes observaciones
—La apelación a una interpretación “sistemática y generalizada de la ley” resulta ininteligible debido a la contundente claridad de su artículo 105. Si acaso la regulación conjunta en la misma ley del escrutinio  hecho por la mesa electoral, con todas las garantías que se dicen, y del escrutinio definitivo a cargo de la junta electoral, debería conducir precisamente a la conclusión contraria. Puede y debe afirmarse que el artículo 105 de la ley electoral impone la presunción iurisetdeiure de que el escrutinio  de la mesa electoral puede ser erróneo incluso aunque una vez hechas las comprobaciones allí previstas no resulte así. Por lo demás, lo expuesto  torna incomprensible la pretensión del Fiscal de que el escrutinio de la mesa ofrece  “garantías suficientes”. Es la propia ley electoral la que dispone lo contrario.
—Pretender restar importancia al tema aludiendo a los medios electrónicos de los que se goza en la actualidad, causa desconcierto cuando no bochorno. El artículo 98.2 de la ley electoral establece que  “Se expedirá asimismo una copia del acta de escrutinio a la persona designada por la Administración para recibirla, y a los solos efectos de facilitar la información provisional sobre los resultados de la elección que ha de proporcionar el Gobierno”. Esto desde luego nada tiene que ver con el escrutinio. Esa información se remitía primitivamente por teléfono y en la  actualidad por internet y se trata  justa y precisamente de la información (provisional) que durante la noche electoral se toma por definitiva cuando no lo es ni lo puede ser porque la ley lo prohíbe.


—La estimación del Fiscal de lo que pueda ser un falseamiento de la verdad que afecte o no  a aspectos esenciales del documento resulta a) arbitraria b) subjetiva y c)desajustada a derecho.

  • Arbitraria (y por tanto contraria al artículo 9.3 de la Constitución) porque si los sobres no se abren en su totalidad nunca será posible verificar el alcance del “falseamiento”.
  • Subjetiva porque la apreciación de que el “falseamiento” resulte trascendental o “inane” no puede  hacerse depender de un criterio personal, y mucho menos cuando, como aquí sucede, no se exterioriza.
  • Desajustada a derecho porque lo que parece sugerir el Fiscal (dicho sea como hipótesis, ya que no lo aclara) es que los posibles errores de escrutinio no detectados como consecuencia de no haberse abierto todos los sobres y no haberse realizado el escrutinio  quizá no serían de alcance suficiente como para alterar la identidad del los electos, en especial como consecuencia del sistema proporcional. Ello resulta para empezar en una nueva arbitrariedad, pues es imposible saberlo si no de abren todos los sobres y no se realiza el escrutinio, pero por otro lado, aunque así fuera, tanto la sociedad como los partidos políticos tienen interés legítimo en conocer el número real de votos obtenido por cada candidato. En todo caso, el informe del Fiscal contradice el aforismo donde la ley no distingue, no debemos distinguir, lo que en este caso significa que si la ley electoral ordena que se abran todos los sobres y se realice el escrutinio, la junta electoral provincial deberá abrir todos los sobres y realizar el escrutinio  sin preguntarse ni especular sobre si eso tiene mucho o poco sentido.

Denuncia da la Fiscalía como documento probatorio núm. 2 e informe del Fiscal como documento probatorio núm. 3.


A vista de este modo de proceder de las juntas electorales provinciales, la plataforma ciudadana  ELECCIONES TRANSPARENTES comenzó a formular denuncias contra sus vocales. Una de ellas fue repartida al juzgado de instrucción núm. 4 de Santander, que incoó diligencias previas núm. 1891/19. Mediante auto de fecha 10.12.19 el juzgado, además de expresar su parecer de que la denuncia contiene simples conjeturas, se declara incompetente por ser aforados los denunciados y archiva el procedimiento.
Esto,  no obstante (y dicho sea de paso) no impide que el juzgado radique las diligencias previas, lo que en la estadística da lugar a la ficción de que se ha tramitado  procedimiento. Se trata de un contrasentido, pues si la denuncia se inadmite no procede asignarle número alguno, pero se nos encontramos ante  una costumbre muy asentada que contribuye a generar una estadística sobre el esfuerzo de los juzgados del Reino de España que no se corresponde con la realidad.
Auto como documento probatorio núm. 4.
Otra denuncia había sido presentada en Sevilla por el propio Don Antonio Adalid. Fue archivada mediante auto de 03.02.20 del juzgado de instrucción núm. 19 de esa capital “por no considerar debidamente acreditada la perpetración de un delito”.
Se puede imaginar la impotencia a que dan lugar estas repetitivas (e incomprensibles) decisiones de jueces y fiscales con arreglo a las cuales, unos hechos que la ley califica de delito no constituyen delito alguno. 
Auto como documento probatorio núm. 5.
El correspondiente recurso contra el archivo parece haber sido extraviado por el juzgado, pues a pesar del mucho tiempo transcurrido desde su interposición en 21.02.20, no ha sido resuelto.
Documento probatorio núm. 6.


En otro orden de cosas, la Plataforma ciudadana ELECCIONES TRANSPARENTES formuló denuncia por la posible comisión de varios delitos con motivo de las elecciones generales de 28.04.19.
La denuncia en este caso nada tiene que ver con la actuación de las juntas electorales provinciales, como se desprende de su texto (documento probatorio número 7).
A fin de investigar  la comisión de posibles delitos relacionados con esas elecciones, el juzgado de instrucción núm. 6 de Tarragona instruyó diligencias previas núm. 1427/2019.
La jueza, tras admitir la denuncia, actuó de forma más bien  extraña: Requirió a los denunciantes para personarse como acusación particular (lo que no es procedente porque la persona un es voluntaria y el juez debe investigar de oficio) y no sólo  hizo caso omiso al escrito de alegaciones y proposición de prueba presentado por este Letrado tras hacerse cargo de la acusación particular, sino que en ningún momento tuvo a los denunciantes por personados pese al escrito presentado al efecto.
Auto de admisión a trámite como documento probatorio núm. 7 y escrito de alegaciones como documento probatorio núm. 8.


Finalmente, el juzgado se inhibió en favor de los de Madrid y en la actualidad la instrucción, después de un año desde la denuncia, está paralizada,  con el agravante de que la última reforma procesal de 2015 impone a la instrucción un plazo máximo de seis meses que, incluso teniendo en cuenta la suspensión de plazos procesales  derivada del estado de alarma,   ha sido sobradamente sobrepasado por la inexplicable pasividad de la jueza. Por consiguiente, existe un riesgo más que cierto de archivo de las actuaciones.


Documento núm. 9.


Puede apreciarse que la jueza a dicta auto de incoación de diligencias previas e inhibición  cuando ya había dictado otro anterior de incoación, lo que da una idea de su nula atención que prestó al asunto.


TERCERA.— A pesar de que España es un clamor contra un gobierno que ha cometido un error tras otro con motivo de la gestión de la crisis del coronavirus, la encuesta de intención de voto del Centro de Investigaciones Sociológicas de abril de 2020 seguía dando ganador al partido socialista. Esta incongruencia entra en sintonía con la derivada del contraste entre  el desapego que se percibía hacia ese mismo partido en los momentos previos a las las dos ultimas elecciones  generales  a Cortes y  el resultado obtenido por el partido socialista, que causó sorpresa en muchos ámbitos (si bien esta apreciación es subjetiva). 


http://datos.cis.es/pdf/3279_Estimacion.pdf


Tal vez no sea ocioso recordar aquí que el director del Centro de Investigaciones Sociológicas, Don José Félix Tezanos Tortajada, es político en activo del partido socialista.


Teniendo en cuenta que las encuestas del CIS previas a las dos ultimas elecciones generales también daban ganador al mismo partido aunque no era lo que se percibía en la calle, es razonable el temor de que el resultado de las próximas  pudiera  ser alterado  por un mecanismo igual al descrito, es decir que el hecho de que los datos electrónicos transmitidos por la asistencia técnica (posiblemente INDRA de nuevo) no son verificados mediante el  escrutinio oficial realizado en las juntas electorales provinciales podría dar lugar a un nuevo fraude.


A ello hay que añadir que no es ningún secreto que los dos partidos que sustentan el gobierno están fomentando un cambio de régimen para sustituir la monarquía por una república. Entre otras cosas, esto es algo que se le escapó recientemente al ministro de justicia cuando afirmó que nos encontrábamos ante una “crisis constituyente”.


Los dos partidos que sustentan el gobierno son reconocidamente republicanos, como también lo es su socio parlamentario Izquierda Republicana de Cataluña. No cabe duda alguna de que todos ellos tienen perfecto derecho a defender y difundir sus ideas republicanas. Incluso a convocar un referendum para que los ciudadanos elijan entre monarquía y república, que es algo de lo que se está hablando mucho para fechas cercanas.
No obstante, resulta racional el temor de que ese posible referendum resulte viciado por distorsiones semejantes a las que aquí se han expuesto, y tengamos en cuenta que si importante es para los ciudadanos el resultado de unas elecciones generales, mucho más lo sería un posible cambio en la forma de gobierno.


Desde luego que no es incumbencia de la UE que España sea una monarquía o una república, pero sí lo es  que sea o no un Estado democrático y que todos sus procesos de consulta ciudadana, incluyendo ese posible referendum, se hagan con garantías democráticas.


CUARTA.— El resumen de todo lo tan extensamente expuesto en esta petición es el siguiente:

  1. Al menos en los últimos procesos electorales del Reino de España no se ha realizado escrutinio oficial (por lo que la legitimidad de los electos es más que dudosa).
  1. Las instituciones del Reino de España encargadas de depurar posibles defectos del sistema electoral (particularmente juzgados y ministerio fiscal) no hacen nada por remediar tan grave situación incluso aunque se formule denuncia e incluso aunque los delitos estén tipificados y las conductas sean claras.

Como quiera que no hay forma humana de conseguir que las juntas electorales provinciales cumplan con su cometido (pues vemos que la de Sevilla continúa haciendo lo mismo incluso tras haber sido reconvenida por la junta electoral central), la única solución práctica es que un representante de la UE asista al proceso de escrutinio oficial y que de esta manera  se haga el escrutinio.

PETICIÓN

  1. Que se declare que en este momento  el Reino de España no cumple con el requisito de ser un país democrático.
  1. Que con motivo de todos y cada uno de los procesos electorales por venir  la UE envíe observadores que  asistan al escrutinio oficial en las juntas electorales provinciales y se aseguren de que se abren todos los sobres y se realiza el escrutinio con arreglo a lo mandado por la ley electoral.
  1. Que, en caso de un posible referendum para elegir entre monarquía o república, la UE envíe  observadores que, mediante los procedimientos de control que se consideren oportunos, garanticen  la validez democrática de la consulta.