QUEJA A LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO CONTRA LA ABOLICIÓN DEL DINERO FÍSICO


A LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO

PETICIONARIO

JOSÉ ORTEGA ORTEGA, abogado en ejercicio, de nacionalidad española, con domicilio en El Puig, plaza Mariano Benlliure 21, 46540 Valencia (España).

TEXTO

PRIMERO.— Con fecha 24.04.20 el Congreso de los Diputados del Reino de España ha registrado la siguiente proposición no de ley del partido socialista (el principal partido que sustenta al gobierno):

162/000242 A la Mesa del Congreso de los Diputados En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la orientación del sistema tributario ante la crisis provocada por el COVID-19, para su debate en el Pleno. Exposición de motivos El pasado once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud, en rueda de prensa, declaraba que el brote de COVID-19 se había convertido en una pandemia, una emergencia sanitaria a nivel global que debía ser abordada con contundencia para proteger la salud de las personas. El brote inicialmente localizado en la región china de Hubei fue propagándose por todo el mundo convirtiéndose en lo que podemos calificar como una de las mayores catástrofes humanitarias sufridas en el mundo. Ante esta crisis sanitaria, el Gobierno de España ha ido adoptando cuantas medidas han sido necesarias para hacerle frente. Se ha ido atendiendo en todo momento a las directrices y recomendaciones de los expertos epidemiológicos. Se han activado protocolos de seguimiento sanitario, de transparencia informativa permanente y se han adoptado las medidas restrictivas más drásticas en relación con nuestro entorno para contener la propagación del virus. Las más limitativas, las fijadas en el «Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19» y las establecidas en el «Real Decretoley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19». Medidas restrictivas de movilidad y de hibernación de actividades comerciales, industriales y profesionales que han afectado a la capacidad productiva, al empleo y a toda la actividad económica en su conjunto. Desde el primer momento, el Gobierno de España ha impulsado adicionalmente, medidas legislativas para paliar y eliminar los efectos más nocivos de esta crisis sobre las personas y colectivos más vulnerables. Medidas de carácter económico y social para evitar deterioros y ajustes permanentes en la economía española, como la flexibilización de los ERTES, la facilitación de prestaciones por desempleo o prestaciones por cese de actividad a autónomos, apoyo al alquiler y protección de los arrendatarios, medidas para facilitar liquidez, facilidad para rescatar los planes de pensiones, impulso de avales públicos o líneas de apoyo a la digitalización para facilitar el teletrabajo, etc. No podemos obviar, tampoco, el apoyo decidido a la investigación, para conseguir tener cuanto antes una vacuna y medidas de adaptación de las estructuras productivas a la fabricación de productos de protección sanitaria, tan necesarios para evitar la propagación del virus y facilitar así el autoabastecimiento de test de diagnóstico, respiradores y equipos de protección individual. Medidas de contención, mitigación y erradicación de una crisis sanitaria que se traduce en una crisis económica de la que debemos recuperarnos lo más rápidamente posible y así evitar un estancamiento que también nos conduciría a una crisis social. Medidas de toda índole de protección, medidas extraordinarias ante un momento extraordinario que han movilizado, en un principio, más de doscientos mil millones de euros a nivel nacional y quinientos mil millones a nivel europeo. Sin duda, el Gobierno central, los Gobiernos de las comunidades autónomas y de las entidades locales han conformado el gran escudo sanitario y social ante esta pandemia de enormes dimensiones. Y con ello, esta crisis ha evidenciado la gran fortaleza del Estado del Bienestar, con unas administraciones próximas a la ciudadanía, como la mejor herramienta de un país para hacer frente a las adversidades.  

Sin embargo, es cierto que todas las crisis afloran debilidades que deben ser analizadas y evaluadas en su contexto y nunca como excusa para desgastar un sistema compartido que se ha mostrado como el mejor de la historia de nuestro país. Las crisis económicas y sociales siempre conllevan bajadas en la recaudación de impuestos, que se traducen en menos ingresos que debilitan la financiación de las políticas públicas. Se han adoptado imprescindibles medidas para facilitar el aplazamiento de deudas y pagos tributarios, pero sin duda, la incesante solicitud de bajadas indiscriminadas de impuestos, el resurgimiento de la economía sumergida y el quebranto de la confianza en el sistema, instigado de manera interesada por una minoría ruidosa, constituyen la peor debilidad y amenaza para nuestro Estado y democracia. Un nuevo virus que se propaga en tiempo de crisis y que denominamos el deterioro de la conciencia tributaria. El centro de investigaciones sociológicas (CIS) ha publicado interesantes informes de resultados de encuestas de opinión y política fiscal que deberían realizarse con mayor periodicidad y desarrollo. Informes de diagnóstico esenciales para medir, prevenir e impedir que, en tiempos de crisis, este virus se convierta también en pandemia. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley «El Congreso de los Diputados insta al gobierno a: Medidas preliminares para mejorar el sistema: 1. Impulsar en Europa una fiscalidad común adaptada a la nueva realidad económica y social, digitalizada y global. 2. Reforzar el Estado del Bienestar en su conjunto, con unos servicios públicos eficaces y consolidados, financiado con un sistema tributario revisado, moderno, redistributivo y justo. 3. Clarificar las competencias de las administraciones públicas para evitar la duplicidad de esfuerzos y responder mejor ante la escasez de recursos. 4. Consensuar la revisión del modelo de financiación autonómica y local, con mínimos comunes, para dotarles de los recursos necesarios para atender con suficiencia sus competencias y garantizar así la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía con independencia de donde vivan. Medidas de diagnóstico y evaluación: 5. Incrementar la periodicidad de los estudios de opinión y política tributaria del CIS. Promover el estudio y análisis en profundidad de las causas que incentivan la existencia de la economía sumergida, en las distintas etapas del ciclo económico, planteando medidas que las desincentiven. Medidas de mitigación: 6. Impulsar mecanismos de adaptación digital de los contribuyentes, continuar con el proceso de simplificación en los trámites de presentación de impuestos, e impulso de las medidas de control y seguimiento, en aras a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y dificultar la existencia de la economía sumergida. 7. Fomentar una cultura tributaria responsable y voluntaria, promoviendo y facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente en tiempos de crisis. 

Medidas de prevención y erradicación: 8. Impulsar sellos de excelencia en la contribución fiscal de las empresas como medida de reconocimiento social y/o indicador de riesgo reputacional. 9. Promover campañas de explicación del destino de los ingresos públicos procedentes de impuestos y fomentar la formación y la conciencia tributaria en el ámbito de una educación para la ciudadanía. 10. Fomentar la publicidad responsable y respetuosa en términos de conciencia fiscal. 11. Eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva.» Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2020,—Patricia Blanquer Alcaraz, José Luis Ramos Rodríguez, María Luisa Vilches Ruiz, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, Juan Cuatrescasas Asua, Odón Elorza González, Valentín García Gómez, Antonio Hurtado Zurera, María Ángeles Marra Domínguez, Montse Mínguez García, Ana Prieto Nieto, Miguel Ángel González Caballero y José Zaragoza Alonso, Diputados.—Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista”.

Lo que la proposición llama eliminación  gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva es algo a lo que bien podríamos (y deberíamos) llamar por su nombre, es decir abolición del dinero físico.

La proposición parece un intento bastante espectacular,  visible  y poco hábil de camuflar una medida de tan grave como es la abolición del dinero físico mediante el subterfugio de introducirla, prácticamente como si se tratara de letra pequeña, en el último lugar de un conjunto de medidas de tipo económico supuestamente motivadas por la pandemia o por la crisis económica asociada a ella.  Sin embargo, ni existe ni se intenta  ningún tipo de aclaración o justificación que explique la supuesta relación entre la pandemia y la desaparición del dinero físico, o bien en qué forma la desaparición del dinero físico pudiera contribuir a la contención de la pandemia o a la atenuación de la recesión económica debida  al prolongado confinamiento ordenado por el gobierno y la inactividad empresarial y comercial derivada del mismo.

Resulta realmente infantil la forma en la que el grupo parlamentario socialista (es decir, el gobierno), pretende  meter de tapadillo esa medida junto con las otras diez en un intento  de que la propuesta pase más o menos desapercibida como tal propuesta, pero sin perjuicio de su carácter ejecutivo en caso de adoptarse.

Quizá pueda afirmarse que las otras diez medidas sólo sirven para hacer bulto porque la auténtica intención de la iniciativa es la  abolición del dinero físico.

SEGUNDA.— La abolición del dinero físico es una antigua obsesión  del gobierno mundial en la sombra, y me refiero al proyecto de una dictadura mundial de los poderes económicos con un gobierno único, una policía única, un ejército único y una única religión. 

Las cosas han alcanzado ya un nivel de gravedad suficiente en todo el orbe como para que la inquietud y el rechazo de los ciudadanos ante esa perspectiva traspase las redes sociales, a las que hasta la fecha ha quedado circunscrita, y pueda pasar a los escritos, demandas, quejas y procedimientos oficiales, y a ser planteada y  discutida en los foros democráticos como lo es  este Parlamento Europeo.

Varias razones sirven  de base a la afirmación de que una  sociedad auténticamente democrática y libre formada por un pueblo auténticamente soberano no puede aceptar la perspectiva  de esclavitud implícita en la abolición del dinero físico:

En primer  lugar, no  es ningún secreto que el propósito de la elite económica mundial es desde antiguo la sustitución del dinero físico por las transacciones electrónicas, que por supuesto estarían subordinadas a  los bancos. Esto solo ya presenta un primer inconveniente ético, puesto que es sabido que el dinero electrónico no existe. Se trata de una ficción  urdida por los bancos, que cuando liberan ese falso dinero otorgando un crédito nunca y bajo ningún concepto entregan al cliente el importe del préstamo en metálico, sino que se limitan a anotar un saldo a su favor en una hoja electrónica. El banco en realidad no entrega al prestatario absolutamente nada, o más bien puede afirmarse que se limita a poner a su disposición una solvencia puramente teórica, ficticia  y convencional. La cuestión reside en que que mientras que al banco eso no le cuesta más esfuerzo que teclear  el importe en un ordenador, para el prestatario implica la esclavitud de por vida o bien por un tiempo prolongado, pues deberá devolver esa solvencia o ese dinero ficticio en forma de esfuerzo real, sacrificio real , ahorro real, madrugones reales, trabajo real , agotamiento real, privaciones reales y renuncias reales. Se trata de un mecanismo perversamente asimétrico que es ignorado por la inmensa mayoría de la población. 

Pues bien: La abolición  del dinero físico multiplicaría ese efecto asimétrico e injusto, proporcionando a los bancos aún más poder para continuar sometiendo a los ciudadanos a esclavitud económica.

En segundo lugar, la  abolición del dinero físico obligaría a que todas las transacciones económicas fuesen de naturaleza electrónica mediante los procedimientos actualmente disponibles, es decir las tarjetas de débito y crédito y el teléfono móvil. Desde luego que en ello está implícita la obligación de todo ciudadano de abrir una cuenta bancaria (y someterse al pago de las correspondientes comisiones), lo que resulta contrario a uno de los puntos esenciales derecho civil europeo (que tiene como base común el Código Napoleónjco), como es la libertad  del contratación en los ámbitos civil y mercantil. Esta  libertad no se reduce a la de acordar todos los pactos y cláusulas que los otorgantes tengan por convenientes, como afirma el Código Civil español, sino se extiende (aunque resulte obvio)  a la de contratar  o no contratar.

 Pero eso desde luego no es sino el principio y el prólogo a la auténtica herramienta de dominación y de esclavitud del género humano, que como muchos saben es o pretenden que sea el microchip intracutáneo. En  un futuro, si no lo impedimos ahora,  esta  herramienta contendrá toda la información biomédica del individuo y constituirá su   único medio identificación oficial y la única forma de pago disponible. El inconveniente para de este  nuevo ser humano  semidigital será  la virtual desaparición de toda libertad, puesto que los disidentes quedarían desconectados del sistema y no podrían comprar, vender, visitar al médico, viajar  o eventualmente gozar de identidad oficial. 

En tercer lugar, Los valores sobre los que se cimienta la democracia son  valores vinculados al individuo, no a la sociedad. Los derechos fundamentales de la persona son derechos del individuo frente al Estado, que es la concreción institucional de la sociedad. Tales valores se convirtieron en hechos con motivo de la revolución francesa, y ésta fue inspirada por el pensamiento, entre otros, de J. J. Rousseau. Según este filósofo, el ideal del ciudadano de la nueva sociedad era el pequeño agricultor propietario de la tierra, que se relacionaba con el Estado sin intermediarios, en este caso los gremios. Rousseau afirmaba eso porque sabía algo muy simple: La libertad política no es nada si no va acompañada con la libertad económica, y por supuesto ninguna libertad económica puede haber si el individuo no puede controlar de forma independiente y sin interferencias su medio de ganarse la vida, es decir de generar dinero para sí y para su familia.

Pues bien: En nuestros días esa independencia económica puede atribuirse a la posesión de dinero no electrónico, sino físico. Un ciudadano que ha ahorrado y dispone de metálico y puede hacer lo que quiera con él,  conserva una cierta dosis de autonomía frente al Estado. Pero un ciudadano al que solamente se reconoce el derecho a ser titular de la solvencia ficticia y convencional derivada del (no existente) dinero electrónico, está a merced  del Estado (y por tanto carece de toda libertad individual) porque el dinero electrónico es una convención consistente en que el Estado  consiente en otorgar determinada solvencia a un individuo por el mero hecho de que en su cuenta corriente aparezcan unos números que en realidad no significan nada ni mucho menos tienen respaldo en un patrón como el oro o algo parecido. 

Bien es cierto que el único medio de pago  auténticamente basado en su valor objetivo y absoluto es la moneda de oro, cuyo valor de cambio equivalía a su valor real. No obstante, razones prácticas asociadas a la vida del comercio condujeron a la sustitución de ese sistema primero por el de monedas de metales no preciosos cuyo valor de cambio era puramente convencional y posteriormente por los billetes de banco, cuyo valor de cambio también se apoya en una convención.

Incluso así, la posesión de dinero físico continúa proporcionando a su dueño una certeza y una confianza muy superiores a la pura ficción del reconocimiento del Estado  por medios electrónicos de determinada solvencia. Entre otras cosas, éste reconocimiento, residiendo exclusivamente en una convención, queda fuera de la autonomía y de la voluntad del individuo porque el sistema (es decir, el Estado o los bancos o ambos) podría decidir alterar esa convención por ejemplo asignando al “dinero” o reconocimiento de solvencia del individuo un valor inferior al inicialmente asignado y reconocido, o simplemente negando tal solvencia. Con el sistema de dinero electrónico el “dinero” disponible por el individuo depende únicamente del valor que el Estado quiera asignarle o reconocerle. La inseguridad es total y la dependencia absoluta.

Por esta razón la abolición del dinero físico implica una paralela abolición de la libertad individual y constituye una traición a principios y nociones que se inscriben en las raíces mismas de la democracia moderna.

TERCERA.— En términos estrictamente legales, puede afirmarse que una maniobra de tal calado y de tan inmensa e impredecible influencia en la economía como es la supresión del dinero físico, es propiamente política monetaria. Pues bien: Con arreglo al artículo 3.c) del Tratado de funcionamiento de la UE, la política monetaria es una competencia exclusiva de ésta última. Por tanto, las instituciones europeas no deberían permitir al gobierno de España activar la medida de abolición definitiva de los pagos en efectivo, que es lo mismo que la abolición del dinero físico.

 Hay  que tener en cuenta los trastornos y molestias indebidas  que deberían asumir los ciudadanos de l UE no españoles pero residentes en el Reino de España, o bien  de visita turística, al encontrarse con una prohibición de pago en metálico que sin embargo no existe en sus países de origen. Ello lo resultaría contrario al principio de no discriminación entre ciudadanos de la UE por razón de su nacionalidad, recogido en el artículo 18 del Tratado Constitución Funcionamiento de la UE.

CUARTA.— El diario español EL PAÍS informa en 14.05.20  lo siguiente:

“El BCE advierte de que no está permitida la eliminación del dinero en efectivo en la eurozona

La propuesta del PSOE, conocida este sábado, de eliminar de forma gradual el dinero en efectivo en España ha resultado ser contraria a los criterios de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE). El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que se pide “la eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva”, y que está pendiente de encontrar una fecha para su debate. Sin embargo, esta iniciativa, adelantada por EL PAÍS, vulnera los principios del Tratado de la Unión Europea, que establece que los billetes y monedas de euro son de curso legal, lo que imposibilitaría que el Gobierno tomara esta medida.

La Comisión Europea ya aclaró esta posición en 2010, cuando determinó que “la norma debe ser la aceptación de billetes y monedas en euros como medio de pago en transacciones minoristas”. Y continúa: “Una denegación de esta forma de pago solo debería ser posible si se basa en razones relacionadas con el principio de buena fe, como que el minorista no tenga cambios disponibles”, apunta la Comisión.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda admitió que se está planteando una reforma legal, quizá para este mismo año, que rebaje de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico entre profesionales, ya que entre particulares seguirían limitados a 2.500 euros, como ya intentó el Gobierno socialista en 2019, sin éxito. La medida está enmarcada en una serie de propuestas que buscan acabar con la economía sumergida y elevar la recaudación de impuestos ante las necesidades que ha impuesto la pandemia. Sobre esta propuesta, el BCE, autoridad monetaria, tiene una posición contraria, ya que considera que es “desproporcionada” porque entiende que limitar en exceso el uso de billetes o favorecer su desaparición perjudicaría a los colectivos sociales más vulnerables, como los ancianos, inmigrantes y habitantes de las zonas rurales.

El riesgo de la moneda de curso legal

La posición del BCE, que no es vinculante, se manifestó en febrero de 2019, pero hoy sigue vigente, según ha podido saber este diario. A petición del Banco de España, el Banco Central afirmó que considera la reducción del límite de pagos en metálico hasta los 1.000 euros “desproporcionada, a la luz del impacto potencialmente adverso que originaría en el sistema de pagos en efectivo. De hecho, este límite dificulta la liquidación de transacciones legítimas y pone en peligro el concepto de moneda de curso legal consagrado en el Tratado”.

En una carta firmada por el propio Mario Draghi, expresidente del BCE, se advierte de que acabar con el efectivo podría ser un problema cuando hubiera fallos en “las infraestructuras técnicas subyacentes utilizadas por los proveedores de servicios de pago”, es decir, problemas de suministro eléctrico o de la red de Internet.

También recuerda al Gobierno que “el efectivo es apreciado como un instrumento de pago porque es aceptado por todos, rápido y facilita el control sobre el gasto del pagador. Además, es el único medio de pago que permite a los ciudadanos transacciones líquidas e instantáneas sin tener que pagar tarifas por el uso de este medio de pago”. De esta forma hace alusión a que el uso de las tarjetas por parte de los ciudadanos permitiría a los bancos establecer comisiones imposibles de eludir si se hace obligatorio el uso de las transacciones electrónicas.

En 2019, el Gobierno también barajó limitar a 10.000 euros los pagos en efectivo realizados por personas físicas que no son residentes fiscales en España. El BCE dijo que esta medida no estaba justificada y que la sanción establecida en el anteproyecto de ley, el 25% de la cantidad pagada, “parece desproporcionadamente alta”.

https://elpais.com/economia/2020-06-13/el-bce-advierte-de-que-no-esta-permitida-la-eliminacion-del-dinero-en-efectivo-en-la-eurozona.html

Con independencia de la opinión o criterio que pueda tener el BCE, la cuestión no es la mayor o menor conveniencia o utilidad de la supresión del dinero físico, sino que el Reino de España carece de toda  competencia para adoptar la medida promovida por el partido socialista.

PETICIÓN 

Que se recuerde al Reino de España que carece de competencia para adoptar la medida de “eliminación  gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva”  y por lo tanto se le pida que no la  adopte en el futuro.